Así lo recoge una respuesta parlamentaria del Gobierno sobre la implementación de nuevos seguros agrarios, a preguntas del portavoz de Agricultura de Ciudadanos, Miguel Ángel Garaulet.
El Ejecutivo ha recordado que, para desarrollar cualquier nueva línea de seguros agrarios, es necesario en primer lugar estudiar su viabilidad técnica.
Ha precisado que, aunque en el año 2017 no se implementó una nueva línea para cubrir la pérdida de ingresos, «sí se ha estudiado la posibilidad de explorar la utilidad y viabilidad de un seguro de ingresos, rentas o precios, para el sector agrario, tal y como se indicaba en el 38º Plan de Seguros Agrarios Combinados».
Para este objetivo, se ha creado un Grupo de Trabajo que continúa en la actualidad, «dada la complejidad del tema», ha argumentado.
Por otra parte, y en líneas globales, el Gobierno ha recordado que el contexto normativo en la Unión Europea (UE) por lo que respecta a los seguros agrarios, está evolucionado.
Ha apuntado que el Reglamento «Omnibus» introdujo cambios en el Reglamento de Desarrollo Rural de la Unión Europea, en virtud de los cuales, a partir de enero del presente año, los Estados miembro pueden conceder subvenciones, cofinanciadas con cargo al Feader para seguros agrarios que cubran pérdidas a partir del 20 %, y la intensidad máxima de la ayuda se ha incrementado del 65 % al 70 %.
Ha puntualizado que, desde la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) se comenzó a estudiar en el año 2017 un seguro frente a pérdidas provocadas por catástrofes naturales por debajo del 30 %, con el 65 % de subvención del coste de la póliza (máximo permitido por la Unión Europea) y que continuará en 2018.
«El seguro agrario español es un sistema dinámico, con un proceso constante de revisión y perfeccionamiento de las diferentes líneas de seguro, con el fin de adaptarlas a las condiciones reales de cultivo o producción y atender las necesidades del sector en cuanto a los riesgos y coberturas incluidos en el Seguro», ha valorado
