El litigio comenzó con una reclamación de la empresa Frutas Nieves S.L, una firma que facturó en el 2011, unos 12 millones de euros. A cada una de sus fruterías, el Concello le pasó un recibo de la basura de 2.292 euros -este fue el del 2012, la tasa se actualiza cada año conforme al IPC-.
Otras fruterías con la misma superficie pagaban 215,40. Frutas Nieves, defendida por Colón Abogados, reclamó los recibos de los últimos cinco años en sendos pleitos, porque consideraba que estaba pagando diez veces más de lo que le correspondía. Solo en el 2011 abonó 41.333,55 euros por los recibos de las 19 tiendas que ese año tenía abiertas en la ciudad. Debía haber pagado 3.884,55 euros. El despacho no quiso hacer declaraciones. Pero una cuenta sencilla revela que en esos cinco años el Concello cobró a Frutas Nieves alrededor de 180.000 euros que no le correspondían, ya que recaudó 200.000 euros en lugar de 20.000. Eso solo en el caso de Frutas Nieves. Porque hay otras empresas que, sin saberlo, pueden estar afectadas.
La empresa reclamó primero en el tribunal económico-administrativo del Concello, que lo desestimó. Luego, el juzgado contencioso-administrativo de Vigo le dio la razón al grupo empresarial vigués. Además, trasladó al Tribunal Supremo de la Xunta de Galicia la cuestión de ilegalidad de la ordenanza y este acaba de determinar que, efectivamente, el controvertido artículo 5.D es ilegal.
Pero otras empresas en la misma situación, como todos los supermercados de la ciudad, no podrán recurrir ya que el plazo para reclamar ha prescrito. Como no recurrieron en el plazo de un mes, el Concello se quedará con el dinero que les cobró ilegalmente en los últimos cinco años.
