Así lo ha explicado su director general, José María Pozancos, quien participó hoy en Madrid en una reunión de la Comisión de Gobierno de Fepex -formada por representantes de las asociaciones integradas y los presidentes de los comités sectoriales y temáticos- en la que participó la secretaria general de Agricultura y Alimentación, Isabel García Tejerina.
Tras destacar el diálogo «fluido» con el Ministerio, Pozancos ha recordado que le han expresado a Tejerina la necesidad de recibir el apoyo del Gobierno de cara a la consecución de diferentes medidas que mejoren la posición competitiva de los operadores hortofrutícolas españoles.
Entre las demandas más importantes del sector, citó la disponibilidad de fitosanitarios, el levantamiento de barreras no arancelarias a las exportaciones de países terceros prioritarios, medidas de ordenación de la oferta y de modernización y mejora tecnológica de explotaciones e invernaderos.
La reforma de la Política Agraria Común (PAC) y la integración el Reass en el Régimen General de la Seguridad Social han sido otros de los asuntos analizados en la Comisión de Gobierno de Fepex, que presidió su presidente Jorge Brotons.
Respecto al primer punto, han defendido por unanimidad que la nueva PAC acabe con la discriminación y distorsión de mercado que supone la existencia de agricultores con y sin ayudas comunitarias en la Unión Europea, integrando al conjunto del sector en el régimen de pagos directos a partir de 2014.
Han exigido mejores medidas de gestión de crisis, incrementando el nivel de precios de retirada -apenas 3 céntimos de euro por kilo para productos como el melón y la sandía- y también los volúmenes que puedan ser retirados -ahora fijados en un 5 %-.
Reclaman, así, que pueda aplicarse una retirada de producción en caso de crisis desencadenada por unos indicadores objetivos y para un período limitado en el conjunto del sector, y no sólo para los socios de las Organizaciones de Productores (OPs) como ahora.
Sobre la integración del Reass y, pese a la existencia aún de «algunos flecos pendientes» que se están abordando con el Gobierno, Pozancos ha subrayado que el cambio supone un incremento de costes muy bajo para las empresas pero permite unas mejoras sustanciales en las prestaciones de los trabajadores.
