La normativa, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2023, está afectando a diversos sectores que deberán adaptarse para cumplir con los objetivos establecidos.
Uno de los aspectos que José Guaita, presidente de Heura, ha querido resaltar es que “a pesar del avance de las tecnologías para envases industriales y comerciales, todavía no tenemos nada que nos ayude al cumplimiento para que sea un proceso económicamente sostenible”.
Así, José Guaita ha señalado que la digitalización surge como “herramienta para para mejorar la economía circular en la industria”. Por ejemplo, en el caso español existe una cierta desconexión entre el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria que dificulta la comprensión y el desarrollo de medidas por parte de los fabricantes y productores de envase y embalaje.
También ha intervenido Faysal Assakale, tax manager de Ayming, para añadir que el impuesto al plástico “no solo recoge aspectos económicos, sino que también requiere una serie de formalidades de contabilidad, existencias y facturación, por lo que esta ley va a traer consigo un cambio muy importante en las empresas a nivel de gestión”.
La clave está en toda la cadena de valor
Mientras, el representante de Heura ha destacado que “pese a que la responsabilidad recae sobre el envasador, toda la cadena productiva está dentro de esta ley”, destacando la implicación de todos sus miembros para el correcto cumplimiento de la legislación.
Por tanto, el sector está cambiando y dando importancia a la información, pues la trazabilidad de los productos, según Faysal Assakale, es “vital y una oportunidad para pasar de una economía lineal a circular, que es lo que pretende la normativa”.
En esta línea, según ha destacado Mariana Reina, experta legal de AIMPLAS, “la comunicación con el consumidor y toda la cadena de valor es clave, pues si este lo interpreta como desechable no conseguiremos un proceso de economía circular completo y ese residuo va a generar más peso en el recibo”.
