El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, presidirá la delegación española, que tiene previsto reunirse con el presidente de la comisión de Medio Ambiente y Agricultura del Parlamento Europeo, Paolo de Castro, y el ponente de los informes de la PAC en la Eurocámara, Luis Manuel Capoulas.
También se entrevistarán con representantes de la Comisión Europea (CE), como el jefe de Gabinete del comisario de Agricultura (Dacian Ciolos), Georg Haeusler.
En este contexto, Ministerio y comunidades han celebrado hoy el Consejo Consultivo de Política Agraria para Asuntos Comunitarios para preparar estas reuniones de alto nivel ante Europa y repasar la posición española de cara al próximo Consejo de ministros de Agricultura de la UE, previsto para los días 24 y 25 de septiembre.
Han acudido los consejeros de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco, Valencia y Murcia.
Todos los consejeros rechazaron el greening, es decir, que se vincule la percepción del 30 % de las ayudas a nuevos condicionantes ambientales que, a su juicio, encarecerían la actividad de agricultores y ganaderos.
Los consejeros ven prioritario, además, que la reforma mantenga los derechos de plantación del viñedo y las cuotas de azúcar y lácteo, además de incluir una actualización y mejora de las medidas de regulación de mercado y de la vertebración de la cadena de valor.
En declaraciones a los medios, el consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de Extremadura, José Antonio Echávarri, ha pedido evitar que crezcan las superficies con derecho a ayudas, porque los agricultores no cobrarían lo mismo que hasta ahora.
Para Echávarri, la nueva PAC tiene que tener en cuenta la diversidad extremeña y que puedan recibir ayudas directas la aceituna de mesa y el tabaco.
La consejera de Agricultura de Castilla La Mancha, María Luisa Soriano, ha precisado que su comunidad «se juega» mil millones de euros» y que la reforma debe cumplir con varios requisitos, como una financiación adecuada y el fortalecimiento del productor.
En cuanto a los temas debatidos en el consejo consultivo, Soriano ha indicado que es importante «que no se añadan más requisitos» para la aplicación de los fondos Feader de desarrollo rural y que no se liberalice la plantación de viñedos.
La consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Silvia Clemente, ha recordado que ha presentado 111 enmiendas a la propuesta de reforma en relación a pagos directos, el concepto de agricultor activo y los incentivos para jóvenes.
Para Clemente, la nueva PAC debe recoger la diversidad regional y la ganadería intensiva tiene que recibir también pagos directos, además de que en su opinión es «imposible» bajar un 25 % el uso del agua, como se pretende en la propuesta europea.
El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente andaluz, Luis Planas, ha afirmado que dentro de la reforma es muy importante la parte relativa al desarrollo rural y a las ayudas agroambientales.
En 2014 Andalucía, no será región «objetivo» -con una renta inferior a la UE- y pasa a denominarse una región «intermedia», lo que repercute en una menor cofinanciación de las medidas de desarrollo rural, que pasaría del 90 % al 75 %, según el consejero, quien ha solicitado que la aportación de Bruselas no descienda más.
El consejero de Agricultura de Murcia, Antonio Cerdá, ha apuntado que la propuesta recoge aspectos positivos como un nuevo fondo de investigación, pero no aborda otros como la atomización del campo o la falta de reciprocidad.
Cerdá echa en falta una mayor simplicidad en los reglamentos y advierte que las nuevas exigencias ambientales serán un problema, ya que provocará incremento de costes a los agricultores frente a los de terceros países, sin estas obligaciones.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Aragón, Modesto Lobón, ha señalado que el documento común que defenderá España contiene la postura aragonesa, con medidas como la rápida intervención ante crisis sanitarias o de mercados, apoyo «decidido a la ganadería» y que en la modernización del regadío no se tenga en cuenta la necesidad de ahorrar un 25 % de agua.
Lobón ha señalado que, en la reunión de hoy, han solicitado que se aproveche una petición de la delegación húngara para solicitar ayudas por la sequía, que ya han causado daños por 254 millones de euros en pérdidas en la región, así como subvenciones por el aumento del coste de la alimentación del ganado.
