La producción y comercialización de tomate se ve gravemente amenazada por el Acuerdo de la Comisión Europea y Marruecos, que ya ha entrado en vigor de forma provisional, puesto que permitirá ampliar las ventajas arancelarias incluidas en el Acuerdo de Asociación a los productos del Sahara, validando el fuerte incremento de exportaciones de productos marroquíes y saharauis a la UE y relegando las demandas del sector comunitario para que esto no se produjera.
En este sentido, la competencia marroquí ha provocado que la exportación española de tomate a la UE haya descendido un 25%, pasando de 786.599 toneladas en 2014 a 591.098 toneladas en 2024, (excluyendo a Reino Unido), mientras que las importaciones comunitarias procedentes de Marruecos han crecido un 42% en los últimos diez años, pasando de 345.416 toneladas en 2014 a 491.908 toneladas en 2023.
Por ello, FEPEX reitera que, aunque el Acuerdo de la Comisión Europea con Marruecos haya sido negociado de forma opaca y haya entrado en vigor provisionalmente desde el día 3 de octubre, el Parlamento Europeo debe rechazar la aprobación definitiva y pedir explicaciones a la CE por haber apoyado este Acuerdo que, por un lado, ignora la esencia de las dos sentencias del Tribunal de Justicia de la UE del 4 de octubre de 2024 y por otro, acrecentará el perjuicio que las exportaciones marroquíes ya están causando a la producción comunitaria que además, está sujeta a exigencias de calidad, medioambientales, fitosanitarias … a las que no están sujetas las producciones marroquíes, obligando al sector comunitario a convivir en el mercado de la UE en una situación de competencia desleal.
No responde a las realidades actuales
En este sentido, Asaja ha denunciado ante la Comisión Europea que esta renovación ignora los principios básicos de transparencia y respeto al derecho internacional, al tiempo que reproduce los mismos errores que llevaron al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a anular el acuerdo anterior.
La organización advierte de que este nuevo pacto no responde a las realidades actuales del comercio internacional, dejando de lado compromisos fundamentales como el cumplimiento del Acuerdo de París, la Ley la Desforestación o las exigencias medioambientales y sociales que se imponen a los productores europeos. Asimismo, ASAJA lamenta que no se incluyan mejoras en la coordinación de los controles fronterizos, lo que permitirá seguir detectando, con escasa eficacia, productos tratados con fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea.
Tampoco se contempla ninguna garantía en materia laboral o de derechos sociales, generando una competencia desleal para los agricultores europeos que sí cumplen con la normativa comunitaria. Esta situación afecta especialmente a los productores de España, Portugal, Italia, Grecia y Francia, que comparten una estructura agraria similar y sufren directamente la entrada de productos de terceros países con menores exigencias normativas.
Sólo el 0,0082 de inspecciones
Según datos de la propia Comisión Europea, apenas el 0,0082 % de las importaciones son inspeccionadas en las aduanas, un nivel de control tan bajo que pone en entredicho la seguridad alimentaria y la igualdad de condiciones en el mercado europeo.
La organización considera que lo realizado por la Comisión Europea es un ejercicio de equilibrismo político, que evita deliberadamente consultar al pueblo saharaui y que, de forma cínica, utiliza fondos europeos para financiar la modernización de regadíos e infraestructuras agrícolas en los territorios ocupados, favoreciendo así la producción y exportación de productos que se benefician injustamente de las preferencias arancelarias.
ASAJA recuerda que la propia Comisión Europea es consciente de que, en el pasado, Marruecos ha triangulado productos procedentes del Sáhara Occidental para introducirlos dentro de los contingentes comerciales asignados, eludiendo así los aranceles y normas de origen.
Por todo ello, ASAJA reitera su rechazo total al acuerdo y llama al Parlamento Europeo y a los eurodiputados a rechazar frontalmente su ratificación, al considerar que vulnera el principio de equidad, compromete la seguridad alimentaria europea y contradice las resoluciones internacionales sobre el estatus del Sáhara Occidental.
