Esta propuesta es recibida con gran indignación por los representantes del sector en España. El Sector Citrícola considera que la reacción de la Comisión llega tarde, mal y nunca, y le pide que recapacite.
Entiende que, para defender las plantaciones comunitarias frente a la gravísima amenaza fitosanitaria que entrañan las importaciones de Sudáfrica, son imprescindibles mecanismos cautelares efectivos, como vienen demandando en los últimos meses las organizaciones representativas del sector, tanto de España, como de Europa, desde los productores, las cooperativas, hasta el comercio y los propios importadores. Concluyen que esos mecanismos, a estas alturas, solo pueden consistir en medidas automáticas, contundentes e ineludibles de aplicación para la campaña 2014.
Para el sector, la propuesta lanzada por la Comisión no es más que un gesto de cara a la galería, una burla y se plantea a sabiendas de que la medida promovida será absolutamente improductiva e ineficaz. Las exportaciones en diciembre de cítricos desde Sudáfrica son prácticamente insignificantes: por ejemplo, en 2012, representaron menos del 0,2 por mil de las totales del año (104Tm. frente a un total anual de 576.000Tm). La Comisión conoce esas cifras mejor que nadie: parecería que ha mantenido su discurso político dilatorio, esperado a que Sudáfrica enviase toda su mercancía, para, después, dar un paso con el que tratar de acallar las críticas recibidas del sector.
A juicio de ese sector, el incremento de las interceptaciones a lo largo de la campaña 2013 de cítricos procedentes de Sudáfrica con la infección por Mancha Negra -que superaron en verano el tope de cinco establecido por la propia Comisión y el llegaron a 34 a principios de noviembre- era motivo más que suficiente para que la Comisión hubiera paralizado en agosto las importaciones de ese país. Con su inexplicable falta de reacción, desoyendo el criterio de los expertos en la materia, la Comisión ha defraudado al sector, ha puesto en riesgo la sanidad vegetal de las plantaciones europeas y, con ello, la garantía de abastecimiento de los consumidores europeos, que dependen de la producción citrícola comunitaria y no de las de terceros países.
