La ministra española de Agricultura, Elena Espinosa, ha afirmado que el recorte de ayudas directas que propone la Comisión Europea (CE) en la revisión de la Política Agrícola Común (PAC) solamente afecta al 20% de los productores españoles.
Espinosa declaró en rueda de prensa que el 80% de los agricultores españoles recibe menos de 5.000 euros anuales, por lo que se verían exentos de la reducción de pagos directos propuesta por la CE en la reforma de la PAC.
Los ministros de la UE empezaron ayer las discusiones para la revisión de la PAC, sobre la propuesta presentada por la CE.
La CE plantea un incremento de la rebaja de subvenciones directas con el fin de reforzar los fondos para el desarrollo rural (medidas cofinanciadas para fomentar en el campo actividades distintas o complementarias a la agricultura).
Actualmente ya se produce una reducción a los productores que perciben más de 5.000 euros y es del 5% del apoyo, deducción que se conoce como «modulación»; Bruselas quiere elevar ese porcentaje hasta el 13% en 2013.
Asimismo, la ministra apuntó que si en las negociaciones de la reforma de la PAC hay «alguna mejora» podrían librarse de esos recortes «un 90% de los agricultores» españoles.
Respecto a otra idea de la CE, la de poner límite a los grandes propietarios (que perciben más de 100.000 euros de subvención al año), la ministra afirmó que «si se perfecciona» la propuesta que hoy han debatido en el Consejo de Agricultura, no supondría «demasiados problemas».
Espinosa indicó que incluso la propia comisaria de Agricultura, Mariann Fischer Boel, ha reconocido que al limitar esos apoyos hay que distinguir la creación de puestos de trabajo en la explotación.
La ministra, en este sentido, remarcó que a la hora de poner tope a los grandes propietarios «no es igual» una persona física o jurídica que percibe ayudas por valor de 300.000 euros, que por ejemplo «una cooperativa que cobra subvenciones pero general 4.000 o 5.000 empleos».
En España, 904.090 agricultores reciben ayudas de la UE, de los que 2.520 obtienen más de 100.000 euros, según datos de la Comisión.
