La medida forma parte de una enmienda al proyecto de ley de transición energética, cuyo debate comenzó en 2014 y que antes de ser promulgada deberá volver a pasar por el Senado.
En la votación en la Asamblea en nueva lectura, ese proyecto de ley fue respaldado por 308 votos a favor y 217 en contra, principalmente procedentes de la conservadora Unión por un Movimiento Popular (UMP).
El diputado socialista Guillaume Garot, impulsor de la enmienda, denuncia que, en muchas ocasiones, esos productos todavía aptos para el consumo son rociados con lejía por parte de los grandes supermercados, algo que tilda de "escandaloso".
La ley prohibiría estas prácticas, obligando a las empresas de más de 400 metros cuadrados a donar los excedentes que aún son consumibles a asociaciones caritativas o bien a destinarlos a la fabricación de comida animal o al compost para la agricultura, a fin de reducir el despilfarro.
La ley prevé multas y hasta penas de prisión para las grandes superficies que se nieguen a cumplir con esta nueva disposición.
La medida no ha sido muy bien acogida por parte de la Federación de Comercio y Distribución francesa, que recuerda en un comunicado que las grandes superficies son responsables de solo un 5% del despilfarro alimentario y afirma que la ley "se equivoca de objetivo".
Según un estudio realizado por la Comisión Europea, cada francés tira a la basura una media de entre 20 y 30 kilogramos de comida al año, cifra que el Gobierno francés se propone disminuir a la mitad antes de 2025.
