La consejera andaluz de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha comparecido este miércoles en la Cámara autonómica para informar de la situación actual de la reforma de la PAC, y ha insistido en la necesidad de garantizar que esta reforma no implique la pérdida de recursos financieros para el sector agrario andaluz.
Aguilera ha dicho que la Junta no va a permitir que se produzca «merma alguna» de los fondos comunitarios y ha abogado por evitar que haya pérdidas de recursos respecto a la PAC actual, que suponen 1.600 millones de euros en ayudas directas anuales para Andalucía.
Según la consejera, el Gobierno andaluz rechaza la aplicación de la denominada «tasa plana», ya que es imprescindible que se tengan en cuenta las características específicas y la diversidad productiva de cada territorio a la hora de determinar el nivel de ayudas que reciben los agricultores.
La propuesta de la Junta plantea también la simplificación de los procedimientos necesarios para solicitar, tramitar y recibir las ayudas; y la adecuación de la normativa en materia de competencia para permitir un mejor funcionamiento de la cadena alimentaria a través de mecanismos tales como acuerdos de moderación de márgenes comerciales y medidas de concentración de la oferta.
De acuerdo con el posicionamiento único andaluz acordado entre la Junta y los representantes del sector agrario, los presupuestos de la PAC no deben quedar congelados, sino actualizarse conforme a los precios de mercado y a los costes reales de producción, según la consejera, que ha recordado la importancia de que la nueva PAC apueste por el apoyo específico a los jóvenes agricultores.
También apuesta por la mejora de los mecanismos de gestión de crisis dirigidos a afrontar de forma ágil situaciones de hundimiento de precios, según Aguilera, quien ha abogado por articular un mecanismo legal europeo que permita la limitación de los márgenes comerciales de la distribución en momentos crisis de precios.
Ha respaldado la creación, por parte de la Comisión Europea, de la fórmula presupuestaria que atiende a las regiones en transición, las que pasan de ser regiones de convergencia a regiones de competitividad, con lo que se evita que el proceso de ajuste financiero se produzca de manera inmediata y no progresiva.
Los fondos comunitarios recibidos por Andalucía desde la incorporación de España a la Unión Europea en 1986 han contribuido a la configuración de un sector agrario y agroalimentario que actualmente supone el 8 por ciento del Producto Interior Bruto regional y el 12 por ciento del empleo.
En el presupuesto actual de la UE para 2011 hay 3.500 millones de euros destinados a medidas de mercado, lo que supone el 7 por ciento; 40.000 millones a las ayudas directas a los agricultores (68 por ciento) y 14.500 para desarrollo rural (25 por ciento).
La diputada del PP Carmen Crespo, que ha censurado la tardanza a la hora de celebrar un debate que debió producirse en 2009 y la negativa del PSOE a que se celebrara un debate general, ha señalado que su partido «tiene claro» que se tenia que haber trabajado con más antelación en una postura común.
Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU), que ha señalado que es necesario que intervenga el Estado «si se quiere mantener» al sector agrícola, ha pedido a la Junta que defienda «con vigor» los intereses del sector porque de lo contrario peligra la supervivencia de «miles de familias» en Andalucía.
