Los diputados de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de las Cortes de Aragón han debatido y votado hoy las 39 propuestas de resolución presentadas: 16 del Grupo Socialista, 13 de Izquierda Unida, cinco de CHA y otras cinco del PAR, de las que 21 han sido aprobadas.
Todas se incorporarán al documento «Propuestas y valoraciones sobre la aplicación de la futura Política Agraria Común 2014-2020 en Aragón», que ya fue consensuado con el sector a través de las organizaciones profesionales agrarias y que el consejero del ramo, Modesto Lobón, defenderá ante el Gobierno central y también en Bruselas.
Las iniciativas aprobadas, tras una larga negociación y la transacción de varios textos, han sido diez del Grupo Socialista, cuatro del PAR -ya que ha retirado otra-, tres de CHA y cuatro de Izquierda Unida.
En su intervención, el portavoz del PP, José Manuel Cruz, ha insistido antes de la votación en que la comunicación es «un buen documento», ya que «recoge los puntos más conflictivos» y también numerosas «especificidades concretas para Aragón».
Las propuestas del PSOE aprobadas se refieren a la incorporación de mecanismos en los mercados para evitar la especulación y garantizar así unos precios mínimos para el productor, sobre todo en casos de grave crisis de mercado, y al apoyo de productores con el objetivo de que se puedan concentrar y puedan competir en mejores condiciones en el mercado.
Que las pequeñas explotaciones puedan tener unas rotaciones de los cultivos que vayan más allá de un año, que las hectáreas de pasto vayan acopladas a las cabezas de ganado para contribuir al equilibrio territorial y la puesta en marcha de actuaciones precisas tendentes a mejorar la formación y la potenciación del I+D en el sector son otras iniciativas del PSOE.
Este grupo también considera necesario que se apueste por la continuidad de parámetros demográficos que sustenten las zonas desfavorecidas por despoblación y medidas de apoyo para la incorporación de la mujer y de jóvenes al sector, «dado su papel dinamizador y vertebrador».
El portavoz socialista, José Ramón Laplana, ha remarcado en la necesidad de mejorar este documento teniendo en cuenta que «hay 20.000 familias que viven de esto» y, sobre todo, «en estos momentos de dificultad económica y con adversidad climatológica».
CHA, por su parte, ha pedido la inclusión de medidas que regulen y estabilicen los mercados agrarios para garantizar unos precios a los agricultores que cubran sus costes y un nivel de renta adecuado.
La mejora de la dotación económica para la incorporación de jóvenes al sector y una apuesta decidida por la agricultura ecológica han sido otras aportaciones de CHA al texto.
El diputado de CHA Joaquín Palacín ha advertido que su grupo quiere «un sector que priorice al agricultor activo, defienda las pequeñas explotaciones, la soberanía alimentaria y mejore las ayudas acopladas».
También ha apostado IU por la regulación de los mercados, al tiempo que ha considerado necesario la inclusión del concepto «crisis grave» para que se pueda actuar en situaciones de hundimiento del mercado o estancamiento de la demanda.
La última iniciativa de este grupo propone medidas que potencien la seguridad y soberanía alimentaria, así como ayudas acopladas al activo agrario, frente a aquellas que se basan en derechos históricos que no benefician al activo agrario y genera una imagen injusta del sector.
En este sentido, Miguel Aso, de IU, ha hecho hincapié en que se debe terminar con «esa mala imagen que se da con ayudas que benefician en muchas ocasiones a agricultores que no son tal» y cree que esas ayudas tienen que ir «directamente a la producción».
El diputado del PAR Joaquín Peribáñez ha señalado que se deben defender las particularidades de Aragón, ya que «no todas las comunidades son iguales» y por ello «no pueden servir los mismos parámetros para todas las ayudas».
