Los ministros de Agricultura comunitarios avanzarán en los debates sobre el futuro de las subvenciones agrarias, durante las reuniones que tienen previstas para el actual semestre, con España como presidencia de turno de la UE.
Las agendas provisionales de los Consejos de Agricultura y Pesca de la UE para la primera mitad de 2010, difundidas ayer, no incluyen grandes negociaciones en materia agraria, pero sí varias discusiones acerca del porvenir de las subvenciones de la Política Agrícola Común (PAC).
Los Consejos se celebrarán en Bruselas el 18 de enero, el 22 de febrero, el 29 de marzo, el 17 de mayo y en Luxemburgo, el 19 de abril y el 28 de junio.
Aparte, la presidencia española de la UE ha organizado una reunión informal de titulares de Agricultura en Mérida (Badajoz) entre el 30 de mayo y el 1 de junio y otra de ministros de Pesca en Vigo (Pontevedra), el 4 y el 5 de mayo.
En la reunión de febrero, la presidencia española presentará a los Veintisiete un documento sobre el porvenir de las medidas de gestión de mercados agrícolas.
Para marzo, la agenda provisional del Consejo incluye un debate acerca de la situación del sector lácteo, actualmente en crisis.
Asimismo, para la reunión de Mérida, la presidencia española recopilará los resultados de las discusiones que los Veintisiete han mantenido durante año y medio acerca del futuro de la PAC.
Por otra parte, los ministros de Agricultura debatirán este semestre acerca de las propuestas de Bruselas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y solventar los problemas de márgenes de precios ó de abusos por parte de la distribución; la agenda provisional del Consejo de este mes incluye ese asunto.
En mayo, la presidencia española moderará un debate en el Consejo sobre el impacto de las leyes de la UE en la competitividad del sector agroalimentario.
En el caso de la pesca, el Consejo aprobará, posiblemente en abril, el plan para gestionar a largo plazo los recursos de anchoa o de bocarte en el Golfo de Vizcaya, según el cual las cuotas de esta especie se fijarán en junio y basándose en una fórmula matemática, con lo que ya no estarán sometidas a una negociación política.
