La conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua ha puesto punto final a las únicas tres cámaras agrarias existentes en la Comunitat Valenciana. El recorte presupuestario del Consell para 2013 en la conselleria dirigida por Maritina Hernández deja sin subvenciones a las entidades provinciales, cuya situación resultaba insostenible por las deudas de la Generalitat de ejercicios anteriores y provocó en marzo la dimisión del entonces presidente de la Cámara Agraria Provincial de Valencia, José Luis Rodrigo.
La conselleria Maritina Hernández anunció ayer en las Corts que las funciones de estas cámaras serán asumidas por la propia administración autonómica dentro de las estructuras territoriales. Las sedes sociales de las cámaras agrarias valencianas emplean a una decena de trabajadores.
Además de esta racionalización de gastos, la Generalitat ha denunciado los convenios firmados con 49 ayuntamientos que recibían ayudas por los gastos de personal transferido en su momento por las antiguas cámaras locales agrarias, por lo que tampoco figuran en los presupuestos esos convenios, según anunció el organismo con sede social en el edificio de La Cigüeña.
Las cámaras agrarias han ido perdiendo competencias durante las últimas décadas -ni siquiera han convocado elecciones desde hace 33 años y sus representantes (elegidos por organizaciones agrarias y ayuntamientos) en los órganos de gobierno tampoco han sido renovados- tras la cesión de gran parte de sus competencias a las corporaciones locales y a la propia conselleria. Los guardas rurales dependieron de estas instituciones.
Escasas funciones
Las cámaras realizan ahora algunas tareas administrativas y de asesoramiento en organismos del campo, como el seguimiento y control de la sociedades agrarias de transformación (SAT), así como la asesoría jurídica en asuntos de derecho agrario. La conselleria comprometió un presupuesto de 118.560 euros a la Cámara de Valencia. A pesar de las escasas tareas, la conselleria incluyó en su presupuesto de 2012 una partida de gasto, aunque en el caso de Alicante y Castelló resultan casi residuales. La alicantina tenía previsto recibir 38.000 euros mientras que la castellonense contaba con una asignación de 54.340 euros.
Hernández también ha reducido casi un 50 % las ayudas de apoyo a las asociaciones profesionales agrarias. Los presupuestos globales de la conselleria para el año que viene ascienden a 240,5 millones de euros, un 22,9 % menos que este año. Sumados a los de las empresas públicas dependientes de esta administración suponen 619 millones. PSPV, Compromís y EU criticaron la falta de ayudas al sector
