El consejero ha subrayado los aspectos positivos de la propuesta comunitaria como el hecho de que la autorización de un producto por parte de un Estado integrado en una de las tres zonas agronómicas en que se divide el territorio de la UE se hará extensible automáticamente a los países incluidos en la misma zona. España, Grecia, Portugal, Francia y Malta conforman una de estas zonas. Por el contrario, en el lado negativo se encuentra el criterio de la Comisión de reducir estas materias activas toda vez que ello supondría un riesgo de pérdida de competitividad respecto a Terceros Países. Los argumentos de Andalucía se basan en una mayor rotación de materias activas para evitar la aparición de resistencias. Asimismo, cuanto mayor sea el número de materias activas más difícil es encontrar productos que sobrepasen el LMR (Límite Máximo de Residuos) en productos.
Otra de las problemáticas para la agricultura andaluza es que hay productos fitosanitarios en los que las empresas fabricantes muestran una total falta de interés comercial a la hora de ampliar sus autorizaciones a los cultivos menores (hortícolas, flor cortada y algunos frutales).
