En un comunicado, el CGC lamenta el "uso político" por parte del Consell de la Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que ha trasladado una idea distorsionada del sector cuando en el fondo lo que subyace en los expedientes es una diferencia en la interpretación de los sistemas retributivos".
"Los inspectores dicen tener indicios para considerar que se tenía que haber pagado ‘a destajo’ (por kilos) y las empresas estiman que debía hacerse a jornal. Sin embargo, ésta última fórmula es la que el propio convenio, atendiendo a las circunstancias tasadas, considera en la práctica como preferente o más habitual", considera el CGC.
A juicio del CGC, "el recurso a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) que ahora también parece que se censura, es muchas veces necesario dada la imposibilidad de los operadores de poder asumir la carga burocrática que supone la contratación de recolectores, casi siempre de origen inmigrante".
"Como es conocido, las labores de recolección están a expensas de factores tan aleatorios como el clima y tensadas en sus plazos por los repuntes puntuales de la demanda y la premura propia del trabajo con productos perecederos", han señalado las mismas fuentes.
"Sólo el control de la identidad del recolector, cuando una semana se coge igual en Tarragona y a la siguiente en Huelva, ya supone una dificultad administrativa extrema", han agregado.
Asimismo, se alega que la comercialización se concentra en poco tiempo y que en apenas tres meses -de noviembre a enero- "se exporta casi el 45 % del con-junto de la campaña, porcentaje que se eleva al 60 % si considerásemos sólo las mandarinas, que además exigen de más mano de obra que las naranjas".
Los recursos humanos de los operadores, se indica desde CGC, se concentran en esas fechas en la atención comercial al cliente, en la confección, manipulado y la logística.
"Sólo así se puede lograr dar salida a los más de 174.000 camiones cargados de cítricos y otros tantos miles de contenedores marítimos que generan un volumen de exportaciones de en torno a 3.100 millones de euros, de los que unos 2.250 corresponden al mismo comercio privado de agrios que ahora se penaliza", concluye el comunicado de CGC.
