En el transcurso de la reunión de la COM-INTA de ayer en la que se procedió al tercer intercambio de puntos de vista sobre el Acuerdo con Marruecos, se hizo público el borrador de informe de esta Comisión, cuyo ponente principal es José Bové, en el que se rechaza el Acuerdo.
Este dictamen de la COM-INTA del PE es decisivo para la entrada en vigor del Acuerdo con Marruecos puesto que, cuando sea definitivo, será votado en el pleno del Parlamento Europeo, quien decidirá si se ratifica el Protocolo o se rechaza.
El representante de la Comisión en esta reunión, John Clarke, Director de Asuntos Internacionales II, de la Dirección General de Agricultura, Unidad B, rebatió todos los puntos del borrador de informe del ponente José Bové, defendiendo la agricultura de Marruecos e incluso criticando a la agricultura comunitaria. Clarke, que en la reunión de la Comisión de Agricultura del PE del 14 de marzo cuestionó la seguridad de las frutas y hortalizas españolas en comparación con las marroquíes, ayer cuestionó el gasto de agua en la agricultura europea. En concreto, Clarke rebatió el punto del informe de Bové, en el que criticaba que en el país magrebí se gastaban 100 litros de agua por kilo de tomate producido, exponiendo que sólo eran 47 litros, y la media europea es de 45 litros, sin considerar en absoluto la diferente disponibilidad de agua en la UE y en Marruecos. Expuso además que el consumo en la UE para producir un kilo de carne de vacuno es de 15.000 litros.
Para FEPEX, sorprende como un representante de la Comisión Europea defiende la agricultura marroquí en contra, no sólo de la hortofutícultura comunitaria, como hizo en la anterior reunión, sino criticando también otros sectores agrarios comunitarios como el de la carne de vacuno.
El representante de la Comisión defendió también el cumplimiento de los derechos sociales en Marruecos, en conformidad con las normas de la Organización Internacional del Trabajo.
Para FEPEX, sorprendió también que una eurodiputada española, procedente, además, de una comunidad autónoma eminentemente productora de frutas y hortalizas, como la Comunidad Valenciana, defienda este Acuerdo. La ponente en la sombra del informe de la COM_INTA del Parlamento Europeo sobre el Acuerdo con Marruecos, Josefa Andrés Barea, defendió el Acuerdo, en contra de la posición del sector hortofrutícola español, que siempre lo ha rechazado por las graves consecuencias que ya tiene para el empleo y las regiones productoras españolas. Al defender el Acuerdo, la ponente en la sombra del informe se oponía al borrador de dictamen que ha elaborado el ponente principal, José Bové.
El presidente de la Comisión de Comercio Internacional concluyó el debate después de estas dos intervenciones, sin permitir la participación de otros eurodiputados ni de los representantes de FEPEX que asistieron a esta reunión. FEPEX quería exponer las consecuencias que ya tiene el Acuerdo actual sobre el empleo español. El informe elaborado por FEPEX demuestra que el Acuerdo en vigor ha provocado ya la destrucción de 12.500 empleos en las zonas productoras de tomate y que esta situación se trasladará a otras producciones hortofrutícolas, puesto que en Protocolo se establecen grandes concesiones no sólo en hortalizas sino también en frutas como la uva de mesa, albaricoque, melocotón y nectarina, productos que hasta ahora no habían sido objeto de concesiones.
Por otra parte, siguen produciéndose incumplimientos del Acuerdo en vigor, sin que la Comisión haga nada al respecto. En el primer mes de esta campaña, en octubre, Marruecos ha incumplido nuevamente lo establecido en el Acuerdo de Asociación con la UE en vigor, tanto en los volúmenes exportados como en los precios de entrada, provocando una vez más el hundimiento de los precios de tomate en la UE.
Por estos reiterados incumplimientos del Acuerdo en vigor y por el grave perjuicio que está provocando al sector de frutas y hortalizas español y comunitario, FEPEX considera que el Parlamento Europeo no debe ratificar el Protocolo agrícola negociado por la Comisión. En el caso de España afectaría muy negativamente al empleo en comunidades autónomas productoras de frutas y hortalizas y con altas tasas de paro como Almería (35,5%), Huelva (32,4%), Badajoz (25,1%) o Alicante, con una tasa de paro del 23,8% según los datos del tercer trimestre de 2011 del Instituto Nacional de Estadística.
