Según el fallo de la Corte de Apelaciones del Circuito 11 de Estados Unidos, "la demanda no está dentro de la jurisdicción de las cortes de Estados Unidos".
Los familiares de víctimas de paramilitares en Colombia se habían amparado en la Ley de Protección contra la Tortura para denunciar torturas, lesiones personales y muerte a manos de estos grupos.
La multinacional, radicada en Charlotte (Carolina del Norte), había argumentado que el juicio debería efectuarse en Colombia y no en Estados Unidos.
Chiquita Brands International, que cerró sus operaciones colombianas en 2004, admitió en 2007 que había pagado a paramilitares colombianos 1,7 millones de dólares, según la empresa "bajo presión".
En ese entonces, la empresa llegó a un arreglo judicial que le supuso una multa de 25 millones de dólares.
