En su informe «Importación de mano de obra para exportación de fresas», recoge la situación de las más de 50.000 personas que «durante algunos meses del año» se emplean en el campo andaluz y concretamente en Huelva, de las que la mayor parte son mujeres marroquíes casadas y con hijos.
Según la FIDH, el modelo de contratación en origen, por el que el inmigrante se compromete a volver a su país al final de la temporada de colecta, fomenta la violación de los derechos humanos de esos trabajadores.
La organización achaca ese abuso a la suma de un marco jurídico poco protector de los temporeros en Andalucía y a la práctica imposibilidad de que esos jornaleros cuenten con representación sindical, lo que a su juicio provoca que sean «totalmente dependientes de su empleador».
Por ello, pide al Gobierno español que tome medidas para una mayor protección para los jornaleros, como facilitarles el permiso de residencia permanente a ellos y sus familias, reformar el convenio colectivo del campo e intensificar las inspecciones laborales, entre otras.
Además, reclama al Ejecutivo marroquí que ponga fin a los criterios «discriminatorios» que dan prioridad durante la contratación a las mujeres casadas y con hijos, y le solicita que garantice el subsidio de desempleo y la jubilación a los trabajadores que regresan al país.
Por último, recomienda a la Unión Europea que revise su política migratoria, para basarla en el respeto los derechos humanos y en los principios de no discriminación e igualdad de trato.
