En nota de prensa, ha valorado la reunión de la Junta de Seguridad sobre Robos en la Campaña Agrícola entre la Delegación del Gobierno y la Junta de Extremadura, toda vez que la "mayor coordinación y colaboración" de las administraciones es una de las reivindicaciones de esta federación que aglutina a 230 cooperativas.
Ha aplaudido el anuncio realizado por parte de la Delegación del Gobierno y de la Junta de publicar un decreto para dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de los instrumentos necesarios para poder controlar de manera efectiva la trazabilidad.
Ha recordado que el pasado mes de febrero presentó un escrito oficial ante la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en el que proponía una serie de medidas, concretadas por su Consejo Rector, para combatir estos robos en el campo que causan "preocupación e incertidumbre en el sector".
El presidente de la federación, Domingo Fernández, ha subrayado que estos actos delictivos van acompañados de "graves destrozos e importantes pérdidas económicas" para todo el sector, propiciando situaciones "muy tensas entre los agricultores, que intentan defender sus propiedades y su medio de vida en el entorno rural".
Cooperativas Agro-alimentarias plantea que se exija a estos puntos de recepción de productos las mismas condiciones técnicas, sanitarias y de seguridad alimentaria que cumplen las cooperativas, que estén autorizados para realizar su actividad, dispongan de licencia de apertura y autorizaciones locales, y que cuenten con la documentación acreditativa de cualquier transacción que realicen.
Esta medida evitaría, a su juicio, las operaciones que se realizan con los productos robados, así como el tránsito de dichos productos que quedan fuera de todo control sanitario y fiscal.
"Los productos que se compran y venden en los puestos ilegales carecen totalmente de controles sanitarios y de trazabilidad", ha señalado Fernández, para apostillar después que "se desconoce en todo momento su procedencia", lo que supone "un importante problema de inseguridad alimentaria y un descontrol administrativo frente al resto de productos recogidos normalmente en campaña".
Además, ha solicitado el endurecimiento de las sanciones administrativas a todos los agentes que operan en el mercado y no pueden demostrar la procedencia de sus productos, siendo estas sanciones proporcionales al acto delictivo que se comete.
Igualmente, propone llevar a cabo una mayor vigilancia y control del cumplimiento de los requisitos de seguridad alimentaria durante el transporte de las mercancías estableciendo un documento de transporte desde las explotaciones hasta el punto de recepción.
Este documento, ha apuntado, debe estar firmado por el agricultor o ganadero, el ayuntamiento o cooperativa receptora y acompañado por una copia de solicitud de la PAC del titular que conduce.
Debe existir también otro documento desde el puesto de compra al destino, con el ticket de pesada, albarán correspondiente, expedidor y receptor de la mercancía, entre otros aspectos.
