Gonzalo Palacín (GPS) ha recordado que en Europa se malgastan 100 millones de toneladas de alimentos -para 2020 serán 126 millones- y que España es el octavo país de la Unión Europea (UE) que más desperdicia, con 250 euros anuales por persona y los consiguientes problemas sociales, económicos y medioambientales.
En su propuesta, el PSOE pedía al Congreso que instara al Gobierno a adoptar, con carácter inmediato, las medidas necesarias para establecer la obligación legal de los distribuidores de proceder, siempre que sean aptos para el consumo, a la donación a organizaciones benéficas autorizadas -ONGs, entidades solidarias o bancos de alimentos- de los alimentos.
Francesc Xavier Eritja (GER) ha defendido en su intervención que los supermercados deben ser "más transparentes" e informar sobre los datos de desperdicio, así como que se hagan campañas de sensibilización en los hogares y se busquen nuevas vías de reciclaje para los excedentes.
Sólo con la mitad de las pérdidas actuales de alimentos se podría acabar con el hambre en el mundo, ha apuntado Eritja.
A su juicio, se necesita la implicación de todos los agentes de la cadena y de los ciudadanos, además de estrategias de actuación, porque "hay que hacer del desperdicio algo totalmente inaceptable".
Para Toni Cantó (GCs), hay un gran número de personas que tiene dificultades para sobrevivir y alimentarse de forma saludable, por lo que es un "sinsentido" que haya tanta cantidad de comida que se tira a la basura y se derrochen tantos recursos.
Cantó ha precisado que los hogares son responsables del 46 % de todo este derroche, con 76 kilos de media, y que en España se desperdician 7,7 millones de toneladas anuales.
Ciudadanos considera que el Gobierno debería realizar todas las reformas legales necesarias para acotar al mínimo el desperdicio de alimentos en el sector de la distribución, con -entre otras medidas- la obligación de donar los productos descartados y prohibir el deterioro "premeditado".
Por parte del Grupo Popular, Emilio Del Río ha defendido el compromiso del Gobierno que, en 2013, aprobó la "Estrategia Más Alimentos Menos Desperdicio", con ejes de actuación que incluyen la generación de conocimiento, sensibilización, aspectos normativos, colaboración con otros agentes y desarrollo de tecnologías que minimicen el despilfarro.
Ha resaltado que en 2016 tendrá que renovarse esta estrategia para afianzar las medidas e intensificar la colaboración entre todos los operadores, incluidos los eslabones de la producción de alimentos, la distribución y los consumidores.
Rosana Pastor (GP-EC-EM) echa en falta "voluntad política" real para enfrentar el problema e ir más allá, con medidas sobre transparencia, reciclaje, sensibilización e incluso sanciones.
Este grupo ha decidido votar a favor del texto transaccional, pero ha lamentado que sea un "acuerdo de mínimos", por poco ambicioso.
Ha denunciado que 21.000 toneladas de comida se destruyen al día en España, pero sólo 1.000 son responsabilidad de la distribución comercial, con pérdidas económicas, sociales y medioambientales que, en todo el mundo, se cuantifican en 2 billones de euros.
Compromís ha abogado por medidas "innovadoras" contra el desperdicio, fomentar la venta a granel, los circuitos cortos y el etiquetado "a doble fecha" -con límite de venta y límite de consumo", según Joan Baldoví
"En este mundo de la opulencia, la moral en torno al despilfarro de la comida deberíamos tenerla todos en cuenta", ha añadido Joseba Agirretxea (EAJ-PNV).
