El gobierno colombiano pedirá en extradición a los directivos de la multinacional bananera Chiquita Brands, que pagó a escuadrones paramilitares a cambio de seguridad, si se comprueba que esa conducta es delito en Colombia, anunciaron hoy fuentes oficiales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia señaló en un comunicado que «si la conducta de los funcionarios de la empresa bananera Chiquita Brands tipifica algún delito en Colombia, pediremos, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, la extradición de esas personas hacia el país».
Chiquita admitió hace seis meses haber pagado 1,7 millones de dólares al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), acusado de múltiples crímenes de lesa humanidad.
El lunes un juez estadounidense autorizó una multa de 25 millones de dólares que la multinacional accedió a abonar en un arreglo judicial, decisión que causó malestar en Colombia, cuyo ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín, aseguró que se trata de algo que «desdice» de la justicia estadounidense.
La sanción es la mayor que se ha impuesto hasta el momento bajo la legislación antiterrorista de Estados Unidos.
Los pagos de Chiquita se desembolsaron entre 1997 y el 2004 y también se hicieron a las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Las AUC agrupaban a los comandos de seguridad campesina creados hace más de veinte años para combatir a las guerrillas izquierdistas, y se degeneraron en escuadrones de la muerte.
La organización celebró diálogos de paz con el gobierno entre el 2003 y el 2006 y en virtud de los acuerdos alcanzados se desmovilizaron más de 31.000 combatientes.
El vicepresidente colombiano, Francisco Santos, manifestó hoy que la multa impuesta a la multinacional Chiquita Brands debería ser entregada a su país para reparar a las víctimas de los paramilitares.
«Aspiramos que esos 25 millones de dólares sean la cuota inicial para la reparación a las víctimas», expresó Santos.
