Según Blanco, podría derivar, a su juicio, en un «pucherazo» electoral y ha propuesto «darle la vuelta como un calcetín» al proyecto de ley durante su trámite parlamentario.
Ha pedido al Gobierno que no aplique «la política del rodillo» y dé una oportunidad al diálogo para poner en marcha «unas elecciones» -y no una consulta-, «con luz y taquígrafos».
El dirigente sindical ha apuntado, incluso, que, si no se corrigen las deficiencias del texto, «nos reservamos, cuando proceda, iniciar los procedimientos contencioso-administrativos o a judiciales para imposibilitar que salga adelante una ley antidemocrática».
Para Blanco, el Ministerio lo plantea como una «mera consulta» -no como «elecciones»- para sortear la ley general electoral y las garantías que ésta ofrece, a pesar de que el proceso servirá para medir la representatividad de las organizaciones profesionales, conformar órganos de interlocución como el Consejo Agrario y repartir recursos públicos y el patrimonio de las OPAs.
En su opinión, al considerarse una «consulta» no se seguirá la ley general electoral, por lo que no se impondrán límites, ni condiciones al gasto electoral, ni auditorías, lo que podría beneficiar a organizaciones «con padrinazgo» político o económico.
Entre sus críticas, COAG ha remarcado que, según recoge el proyecto, sólo habrá una mesa electoral por provincia y alguna otra con el límite de 1.400 votantes por mesa, lo que para la organización dificultará la participación de los agricultores dispersos y podría «duplicarse de manera arbitraria» el número de los activos con derecho a voto.
De unos 320.000 «profesionales» agrarios reales (personas físicas o jurídicas que cotizan a Seguridad Social agraria), el proyecto de ley podría ampliar el censo hasta 500.000-600.000 votantes, ya que el Ministerio pretende incluir a todos los que cobren más de 3.000 euros de la Política Agraria Común (PAC), ha añadido.
Por tanto, podrían votar, según COAG, personas que no son agricultores realmente, incluso jubilados no activos, dueños de inmobiliarias, notarios, profesionales liberales y empresarios de otros sectores que reciban esas ayudas, aunque ya no produzcan.
Con un censo tan amplio, se «diluirá» la representatividad y se debilitará más al sector, ha opinado Blanco.
Ha insistido en que «será un pucherazo auténtico, porque decidirán la representación de las organizaciones agricultores quienes no son verdaderamente profesionales» de este sector.
Preguntado si vería con buenos ojos que La Unión de Uniones, surgida de una escisión de COAG, pudiera ser reconocida tras la consulta como organización representativa por primera vez, Blanco ha reconocido la «legitimidad» para que esa u otras compitan.
Eso sí, ha indicado que debería exigirse un umbral de representación significativo para que las organizaciones agrarias reconocidas en el nuevo sistema tengan más fuerza, para no debilitar a las actuales y evitar que puedan aflorar estrategias «radicales o demagógicas» en las actuaciones de alguna OPA para ganar espacio.
