En un comunicado, COAG ha explicado que aunque la ley es positiva para el sector, "aún queda mucho camino por recorrer para su correcta aplicación".
En este sentido, ha reclamado un "mayor esfuerzo" especialmente en el área de las frutas y hortalizas, donde el número de contratos alimentarios firmados con los diferentes operadores de la cadena es todavía "bajo" debido al "elevado grado de desconocimiento por parte de los productores de los beneficios que puede darles la ley".
Concretamente, desde COAG han señalado que se han detectado problemas en las alhóndigas -almacenes destinados a la compra y venta de grano- y en determinadas Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH).
La organización agraria ha incidido tanto "en el contenido de los contratos como en la opacidad de algunas cláusulas y descuentos (…) que afectan al precio".
De acuerdo con estas mismas fuentes, los responsables de AICA se han mostrado receptivos y realizarán un plan de control para "comprobar la formalización de los contratos" que incluirá "más de un millar de inspecciones".
"La finalidad de esta nueva campaña es verificar que todas las transacciones comerciales que superen los 2.500 euros queden recogidas por escrito en un contrato alimentario como establece la Ley de la Cadena", han subrayado desde COAG, que defiende estos contratos porque otorgan "estabilidad y transparencia a las operaciones de compraventa entre agricultor y comprador".
