Los planteamientos que el Gobierno ha previsto en el Anteproyecto de Ley de la Cadena Agroalimentaria no son compartidos por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag) al entender que, esta normativa, de la forma que se proyecta, no será efectiva para corregir los desequilibrios que se producen en la cadena. Una vez estudiado el Anteproyecto presentado por el Ministerio de Agricultura alimentación y Medio Ambiente, el secretario general de Coag, Miguel Blanco declaró que «es una ley que de inicio nace coja porque, en los actuales términos, no reforzará el poder de negociación de los agricultores frente a los abusos de posición dominante del resto de eslabones, en especial de las grandes cadenas de distribución, y no acota la actuación de la Comisión Nacional de la Competencia , que desde hace años supone un freno al desarrollo del sector agrario y no ofrece seguridad jurídica a la negociación colectiva de precios en el seno de las interprofesionales». Según valoran en el colectivo agrario, «Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha incumplido, durante el proceso previo, su promesa de convocar el Comité Asesor Agrario para abordar los términos de este anteproyecto con las organizaciones agrarias. Al considerar que el texto no se ajusta a las peticiones realizadas por la organización para mejorar la posición de los productores en la cadena agroalimentaria, la organización está trabajando para proponer las mejoras que considera oportunas par que la futura Ley conlleve una evolución sustancial para agricultores y ganadores.
Coag no comparte los términos en los que se establece la obligatoriedad de concretar contratos en la compra-venta de productos agroalimentarios, ya que, entienden que pueden conllevar un grave perjuicio para agricultores y ganaderos. «Es algo que está sucediendo ya en el sector lácteo, en el que los ganaderos se ven obligados a firmar contratos con precios por debajo de coste», manifiestan en Coag.
La organización ha mostrado su decepción ante la regulación y el sistema de control que recoge el texto aprobado en relación a las prácticas comerciales abusivas de la gran distribución, «toda vez que no incluye la sanción y prohibición de prácticas que presionan los precios a la baja en el campo como la venta a pérdidas, utilización de productos agrarios como reclamo y promociones gratuitas». Unas estrategias que, según Coag, «suponen también a medio plazo un perjuicio para el consumidor al destruir el tejido productivo en nuestro país y depender del exterior para alimentarnos».
Tampoco creen los dirigentes de Coag que se establezca un control en el sistema de venta de subasta como habían solicitado. Al respecto, mantienen que se «debe prohibir de forma taxativa las subastas electrónicas a ciegas que en la actualidad son fácilmente manipulables y que alteran de forma radical el funcionamiento del mercado y del conjunto de la cadena agroalimentaria».
Otro de los aspectos que critica Coag es la debilidad y escasa concreción de los órganos de control jurídico, administrativo y de seguimiento, «ya que no cuentan con recursos y estructura suficiente para perseguir y sancionar las prácticas comerciales abusivas». La organización asegura que «la única forma de garantizar el cumplimiento real y efectivo de la Ley es mediante la creación y desarrollo de un organismo de control independiente y con recursos suficientes encargado de controlar y sancionar la realización de prácticas comerciales abusivas. Asimismo, tampoco confían en la operatividad del Código de Buenas Prácticas Comerciales que se establece.
