El secretario general ha mostrado los costes de producción y los ingresos de venta de los cultivos de tomate, pepino, pimiento, calabacín, berenjena y naranja dulce en Andalucía desde el 1 de septiembre hasta el pasado 15 de diciembre, arrojando unas pérdidas para el sector de 133.216.571 euros.
La diferencia entre costes de producción e ingresos es especialmente significativa en el caso de las berenjenas y el calabacín, según los datos proporcionados por COAG, que teniendo como costes de producción algo más de cuarenta y ochenta millones de euros, respectivamente, consiguen como ingresos de venta 20 y 54 millones de euros.
Miguel López ha avanzado que pondrán nombre a las empresas responsables de esta situación y protestarán a partir de mediados de enero en las puertas de los supermercados Aldi y Lidl porque «más que un país europeo parecemos un protectorado de Alemania».
Para el secretario general, se está produciendo una situación «bochornosa» en la que el lobby de la distribución alemán controla la Comisión Nacional de la Competencia, al que ha calificado como «un Tribunal político» puesto que sus miembros «dependen del Ministerio de Economía y Hacienda».
López ha criticado los contratos de abastecimiento que utilizan las distribuidoras de Reino Unido y Alemania que obligan a los productores a suministrar un producto durante toda la campaña sin que aparezca el precio al que va a comprarse.
Por estos motivos, el coordinador general ha pedido un fuerte compromiso político para convertirlo en un problema de Estado y que los agricultores andaluces dejen de ser una «mano de obra barata y exenta de derechos sociales».
López ha señalado que «si los europeos quieren productos europeos con los estándares de calidad europeos tienen que pagar precios europeos» por lo que van a «luchar por que haya un comercio justo y para destapar este entramado de manipulación y usura».
Ha incidido en la necesidad de proteger el sistema productivo real frente a la especulación, por lo que espera que el nuevo Parlamento apruebe la Ley de Calidad Agroalimentaria que dejó aparcada el anterior gobierno y poder hacer frente a la situación.
Miguel López ha incidido en que los productores hortofrutícolas no quieren las subvenciones, que en la actualidad se llevan en casi su totalidad las empresas distribuidoras, sino que sus «productos tengan unos precios dignos».
Ha recordado que el sector hortofrutícola supone «la mayor fábrica de Andalucía con 350.000 empleos fijos directos» por lo que están dispuestos a «empezar una guerra» en la comunidad.
