La petición se centra en el capítulo de la protección de las inversiones, una de las cuestiones que provocó que Valonia, región francófona de Bélgica, bloqueara el acuerdo hasta su aprobación tras duras negociaciones.
Durante ese proceso, Valonia logró que Bélgica solicitara opinión a la corte sobre la «compatibilidad» del tratado con la legislación europea, una propuesta que fue también votada en el Parlamento Europeo (PE), aunque rechazada.
Bélgica planteará cuatro cuestiones a la corte, principalmente sobre la competencia de los tribunales privados de arbitraje previstos para resolver litigios entre inversores y Estados, al margen de las cortes públicas.
Está previsto que el proceso ante la corte europea dure unos 18 meses, mientras que la parte comercial del acuerdo -que no incluye las cuestiones que plantea la petición ante el TJUE- entrará en vigor provisionalmente el 21 de septiembre.
