El secretario general de AVA ha comparecido, junto al abogado de la Asociación de Pozos de AVA, José Campos, en la comisión de investigación constituida en Les Corts para averiguar los motivos de la contaminación de acuíferos que abastecen de agua potable a municipios de la Comunitat Valenciana.
AVA ha planteado a la comisión dos propuestas principales: que se presione para que las autoridades nacionales y europeas peleen contra la introducción de nuevas plagas, ya que Europa es en la actualidad "un coladero de plagas" que crean una "problemática terrible" para tratarlas, y que se impulse la investigación agraria.
Sobre este último punto, Juan Salvador ha asegurado que la agricultura está haciendo "un camino de ecologización" y cada vez va a utilizar menos fitosanitarios y fertilizantes, si bien ese camino se podría hacer "más rápido" si la investigación lo apoya.
Según ha dicho, el IVIA cuenta con 50 puestos de investigador principal, de los que solo 14 o 15 están ocupados, por lo que ha reclamado que el instituto trabaje "a pleno rendimiento" e investigue para ayudar al agricultor a "trabajar rápido en una mayor ecologización".
Juan Salvador ha defendido que no se puede responsabilizar de manera general al sector agrario de "ciertas cosas que hoy puedan encontrarse que han ocurrido hace años", como la presencia en aguas subterráneas de algún herbicida que se utilizaba hace décadas porque era legal y lleva prohibido ya trece años.
A su juicio, la contaminación de nitratos no procede en su totalidad de la agricultura, y así por ejemplo ha destacado que se ha reducido la aportación de nitrógeno y en cambio no varía sensiblemente la contaminación, lo que habría que estudiar.
El secretario de AVA ha indicado que existen muchas normas que regulan el uso de productos contaminantes, como las que fijan la dosis máxima de fertilizante por cultivo, su inscripción en el cuaderno de campo o la necesidad de un carné para comprar o usar fitosanitarios, y que la mayoría de los agricultores las cumplen "a rajatabla".
Se trata de normas, ha añadido, cuyo cumplimiento "cuesta dinero" y repercute en la rentabilidad del sector agrario, que ya es "bastante mala", y ha precisado que desde el año 2000 se han prohibido casi dos tercios de las materias activas que estaban autorizadas.
Por su parte, José Campos ha asegurado que la actividad agraria está "muy controlada" y que es necesaria una agricultura sostenible, tradicional y que cumpla las normas, pues si no existiera habría que importar productos de países terceros, que pueden estar más contaminados.
