En este sentido, el encargado del informe, Jan Kinst, manifestó que aunque la gestión sostenible del medio agrícola europeo es «evidentemente importante», las ayudas de la UE «deben tener sentido desde el punto de vista financiero».
Entre 2007 y 2013, la Unión Europea destinó 860 millones de euros de fondos a inversiones agrícolas no productivas, en su mayoría costeadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y los países.
En la realización del informe, los auditores visitaron los cuatro Estados miembros que gastaron el 80 por ciento del total de fondos: Portugal, Italia, Dinamarca y Reino Unido, y concluyeron que solo 5 de los 28 proyectos fiscalizados presentaban una relación óptima entre coste y eficacia.
El estudio del Tribunal de Cuentas puntualizó que «las insuficiencias de selección de inversiones en setos y humedades se tradujeron en la falta de control adecuado de las propuestas con respecto a los criterios de selección y en la financiación de proyectos no subvencionables».
Por otra parte, la fiscalización reveló que los Estados miembros «no verificaron adecuadamente» la realización efectiva de los gastos declarados, o bien aceptaron sin justificación la oferta más cara para llevar a cabo la iniciativa.
«En algunos casos, proyectos que claramente aumentaban el valor de la explotación se financiaron en su totalidad con dinero público o se beneficiaron de porcentajes de ayuda muy superiores a los concedidos normalmente a inversiones productivas», denuncia el informe.
Los auditores recomendaron a los Veintiocho que verifiquen «sistemáticamente» la documentación de las declaraciones de gastos en estas iniciativas y que garanticen que los costes no superen los existentes en el mercado para obras similares.
También propusieron a los Estados miembros que valoren el grado de ejecución de las inversiones no productivas en sinergia con otros regímenes medioambientales y que definan indicadores de resultados específicos y criterios apropiados para modular la intensidad de las ayudas.
Para el Tribunal de Cuentas Europeo, la Comisión Europea debería supervisar estas inversiones no productivas mediante sus informes anuales de ejecución, así como asesorar a los Estados sobre criterios de selección y asegurarse de que haya un seguimiento de la contribución al logro de los objetivos medioambientales de estos proyectos.
