La Junta de Andalucía se ha puesto seria y firme. La empresa almeriense Castillo de Tabernas deberá pagar 1,11 millones de euros por daños y perjuicios al dominio público hidraúlico. A esta sanción hay que sumarle más de 450.000 euros por el Consejo de Gobierno por la extracción de aguas subterráneas, mediante tres sondeos, sin la correspondiente concesión o autorización administrativa.
Asimismo, se acuerda la imposibilidad por parte del propietario de obtener durante tres años préstamos, subvenciones o ayudas públicas en materia de medio ambiente.
El procedimiento sancionador se inició a partir de las inspecciones realizadas en julio de 2016 por los agentes de Medio Ambiente de la Junta, que constataron la extracción continuada de agua desde, como mínimo, el 7 de febrero de 2012 hasta el 20 de diciembre de 2016, con un volumen total estimado de 4,64 millones de metros cúbicos.
Esta cantidad supone más de cuatro veces el volumen anual máximo de extracción que correspondería al aprovechamiento en el caso de que hubiera autorización.
