Las mociones han sido presentadas de forma conjunta por el equipo de Gobierno (PP) y el grupo socialista, según han informado fuentes de la institución provincial en una nota.
La primera de ellas pide al Gobierno central la aplicación del módulo cero en la declaración del IRPF y la puesta en marcha de créditos bonificados para los afectados por las heladas.
Los populares, en concreto, solicitan la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a todos aquellos municipios de la Comunitat Valenciana donde se hayan registrado las bajas temperaturas.
Según reza la moción, «es una responsabilidad compartida por la administración municipal, autonómica y estatal favorecer la puesta en marcha de aquellos instrumentos que contribuyan al mantenimiento de una actividad que constituye la piedra angular sobre la que se sustenta buena parte de la economía y la realidad sociocultural de nuestros pueblos».
La segunda moción pide tanto al Gobierno central como a la UE que se revisen las condiciones de aplicación de contingentes y precios de entrada de los productos agrícolas y pesqueros en Europa.
El portavoz del equipo de gobierno, el popular César Augusto Asencio, ha calificado este acuerdo como «una mala noticia para el campo español y valenciano» ya que «consolida una situación de competencia desleal».
Por ello, también han solicitado que se establezca en la Política Agrícola Común un marco normativo que exija las mismas condiciones de producción a los alimentos obtenidos en los estados miembros que a los procedentes de países terceros.
Han reclamado que se «refuercen y potencien» los controles aduaneros y que se intensifiquen los «fitosanitarios y de seguridad alimentaria».
En otro orden de cosas, el pleno ha rechazado, con los votos en contra del PP, una moción del grupo socialista que pedía la dimisión de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, y del jefe superior de Policía, Antonio Moreno, por la actuación policial en la manifestación del Instituto valenciano Luis Vives.
También se ha denegado una petición de los socialistas para instar al Ejecutivo central a la retirada del Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
