La Agencia para la Información y el Control de la Cadena Alimentaria, dependiente del Ministerio de Agricultura, impuso un total de 322 multas hasta el pasado mes de julio por importe de 1,4 millones de euros. Según los datos manejado por su director, José Miguel Herrero, a la cabeza de las sanciones se hallan los grupos de distribución en el segmento de los supermercados, seguidos de las industrias y operadores, especialmente en los sectores de frutas y hortalizas. Por productos, en primer lugar se halla el sector de la leche, con 93 multas, seguido del aceite con 23. La normativa impide a la Administración hacer públicos los nombres de las empresas afectadas por esos procesos.
De acuerdo con las competencias fijadas en la Ley de la Cadena Alimentaria, bien de oficio o por denuncias, la Agencia tiene capacidad para imponer sanciones por distintos motivos: la no existencia de contratos de compraventa donde, de alguna manera, se contemple un precio fijo o indexado a diferentes referencias, por modificar unilateralmente o hacer contratos irregulares, por no cumplir los plazos de pago, por exigir cobros atípicos, por el desarrollo de subastas irregulares en internet o, simplemente, por no responder a los requerimientos de información cursados desde la Administración.
