La Fiscalía señala que se tenía la sospecha de que los acusados podían estar dedicándose además al acondicionamiento y siembra de «variedades vegetales protegidas legalmente», que posteriormente eran reproducidas, comercializadas y vendidas de forma «indiscriminada» a terceras personas.
Por ello, fueron objeto de una denuncia tras la que la Guardia Civil llevó a cabo inspecciones en los invernaderos de las sociedades de los acusados en San Isidro y Campohermoso, efectuados el día 9 de agosto del 2012.
De esta forma, fueron encontrados «numerosos plantones de tomate acondicionados o a acondicionar para la siembra, perteneciente a las variedades (…) que han obtenido previamente el título legal de obtención vegetal protegida».
El fiscal sostiene que los acusados no contaban con «consentimiento alguno para su producción, acondicionamiento o comercialización por parte de los titulares de los respectivos derechos y títulos de obtención vegetal» y que eran conocedores de que estas variedades de tomate «estaban protegidas legalmente como tales y registradas a tal efecto»
