La sentencia, facilitada a EFE por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), se alinea con las tesis de las acusaciones particulares personadas en la causa, las de la propia empresa saqueada y la del ayuntamiento de Alicante, frente a las de la fiscalía Anticorrupción.
El ministerio público sólo acusó en el juicio, celebrado el pasado mayo en la Audiencia Provincial alicantina, a Miguel Ángel Ramo, jefe de Contabilidad de Mercalicante cuando se produjo el fraude por un importe cercano a los 6 millones de euros, pero las acusaciones particulares le exculpaban y centraban su petición de penas para los empresarios que contrataron con la firma pública.
El principal implicado en este proceso, el exgerente José Emilio Clavero, no ha podido ser juzgado todavía porque se encuentra en paradero desconocido y huido de la Justicia desde 2013, al igual que otro empresario.
La exmujer de Clavero, la séptima acusada que se sentó en el banquillo el pasado mayo, ha resultado absuelta del delito de alzamiento de bienes que se le atribuía tras su separación del sospechoso.
Anticorrupción sostenía que la actuación del entonces gerente era conocida y consentida por acción u omisión por la comisión ejecutiva de Mercalicante, en la que participaban el entonces alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi, y dos concejales del PP, junto a dos directivos de la empresa estatal Mercasa.
No obstante, todos ellos fueron exonerados de cualquier responsabilidad penal durante la instrucción de la causa por la sala de lo Civil y Penal del TSJCV.
La sentencia dictada ahora por la sección segunda de la Audiencia de Alicante culpa sólo a los responsables de unas naves industriales alquiladas a Mercalicante y a los de una empresa contratada para desarrollar un mercado electrónico de frutas y verduras de delitos de estafa y falsedad documental, y establece para ellos penas que suma en su conjunto cuatro años y medio de prisión.
El tribunal sostiene que no ha quedado acreditada la connivencia del entonces contable, Miguel Ángel Ramo, con las falsificaciones de reconocimientos de deudas y otras irregularidades atribuidas a Clavero, por lo que le absuelve.
Por otro lado, aplica a los cinco condenados la atenuante de dilaciones indebidas, de forma que les impone las mínimas penas previstas por la ley, y cifra el montante con que deberán indemnizar a Mercalicante en su conjunto por su actuación delictiva en 2.670.000 euros.
