Tras el juicio, que se celebró el pasado 17 de febrero, el tribunal ha considerado que no hay indicios suficientes para condenar a los acusados, según han informado a Efe fuentes judiciales.
La Fiscalía solicitaba para cada acusado la pena de un año y seis meses de cárcel por un delito de estafa y tres años por un delito contra la salud pública; así como que indemnizaran a una de las mujeres con 1.500 euros por el dinero defraudado y no devuelto, y a ella y a las otras tres trabajadoras con mil euros cada una por los perjuicios causados.
Durante el juicio los acusados negaron que pidieran 1.500 euros a una trabajadora y aseguraron que se les advirtió a las empleadas de la finca que denunciaron que el agua de la casa no era potable y que el único grifo con agua apta para consumo estaba a unos 15 o 20 metros, al tiempo que coincidieron en indicar que ninguna de ellas se quejó de que hubieran resultado intoxicadas por su consumo.
El principal testigo en el que la Fiscalía basaba la acusación por estafa contra estas personas señaló en la vista que no vio cómo se efectuó el pago, incurriendo en contradicción con lo manifestado hasta en dos ocasiones durante la instrucción.
Los hechos por los que han sido juzgados y absueltos tuvieron lugar entre la segunda quincena de febrero y el 6 de marzo del 2013.
