La normativa europea, adoptada el 17 de abril de 2019, garantiza la protección de los agricultores europeos, así como de los pequeños y medianos proveedores, frente a 16 prácticas comerciales desleales de los compradores en la cadena de suministro de alimentos, señaló la CE en un comunicado.
Unas de las prácticas comerciales desleales que prohíbe son los retrasos en los pagos y las cancelaciones de última hora de pedidos de productos alimentarios perecederos.
Además, no permite los cambios unilaterales o retroactivos en los contratos, o el hecho de obligar al proveedor a pagar por productos desperdiciados y rechazar contratos por escrito.
La Comisión subrayó que se permitirán otras prácticas solo “si están sujetas a un acuerdo inicial claro e inequívoco entre las partes”, como el caso de que un comprador devuelva productos alimenticios no vendidos a un proveedor o que un proveedor pague por la promoción, publicidad o campaña de marketing de un comprador.
Los agricultores y los pequeños y medianos proveedores, así como sus organizaciones, tendrán la posibilidad de presentar quejas contra estas prácticas de sus compradores.
En este sentido, los Estados miembros deberán establecer autoridades nacionales que se encarguen de las denuncias, de manera que se garantice la confidencialidad para evitar cualquier tipo de represalia por parte de los compradores.
La directiva abarca los productos agrícolas y alimentarios comercializados en la cadena de suministro, prohibiendo por primera vez a nivel de la UE estas prácticas impuestas unilateralmente por un socio comercial a otro, según señaló la Comisión.
Asimismo, la directiva contribuye a reforzar la posición de los agricultores en la cadena de suministro de alimentos, lo cual podrá garantizar una cadena de suministro más equilibrada, justa y eficiente en el sector agroalimentario
