Aunque el Tribunal reconoce los esfuerzos de la Comisión Europea para simplificar esa política, considera que el marco legislativo planteado «sigue siendo demasiado complejo», por ejemplo en relación a los gastos de desarrollo rural, explica el Tribunal en un comunicado.
Pese a la reorganización propuesta, «la complejidad (…) sigue dificultando su administración por parte de los organismos pagadores o de los beneficiarios», añade.
El dictamen recoge las dudas de los auditores sobre la posibilidad de aplicar las nuevas normas sin imponer una carga administrativa excesiva para las administraciones nacionales y los agricultores.
Para resolverlo, propone una definición «simple y general de agricultor activo» y que se confíe a Bruselas la gestión de parte de la normativa.
Sobre las estimaciones hechas por la CE que cifran en un 15 % el aumento de los gastos administrativos ligados a la reforma, el Tribunal constata que «no se dispone de información que refleje de qué medida esos costes adicionales serán compensados por una mayor eficiencia en la gestión o de la política agrícola».
El dictamen señala además que la PAC que se aplicará a partir de 2014 «sigue estando basada esencialmente en los gastos y el control del gasto, y por tanto orientada al cumplimiento más que al rendimiento».
Denuncia en particular, que la normativa no precise los objetivos específicos de los pagos directos a los agricultores ni los resultados que se persiguen.
El Tribunal «toma nota» del deseo de la CE de centrar las ayudas en los agricultores «activos» y de lograr un reparto más equilibrado, pero cree que existe el riesgo de que en el futuro se sigan pagando subvenciones a beneficiarios que no desempeñan ninguna actividad agrícola.
También denuncia que el efecto de poner un techo a las ayudas que reciben las grandes explotaciones «será restringido».
El dictamen recoge asimismo la preocupación de los auditores por que las ayudas a quienes pongan en marcha una explotación, y en particular a los jóvenes, no sean posibles más allá de 2014.
El Tribunal señala, por último, que la aplicación eficaz de la reforma también depende de que la CE presente disposiciones «claras» y de la rapidez con que los organismos pagadores adapten los nuevos procedimientos.
Un representante del Tribunal tiene previsto presentar el dictamen a finales de abril ante el Parlamento Europeo.
El Tribunal de Cuentas es un órgano que tiene como objetivo controlar la legalidad y la regularidad de los ingresos y gastos del presupuesto de la UE.
