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El Congreso de los Diputados rechaza pedir un fondo de apoyo a los agricultores afectados por el acuerdo UE-Marruecos

El Congreso de los Diputados ha rechazado una proposición no de ley presentada por el grupo socialista sobre el acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos, que entre otras cuestiones pedía la creación de un fondo europeo de apoyo a los productores afectados.

El grupo popular, que cuenta con mayoría absoluta, no apoyó la iniciativa defendida por la parlamentaria Consuelo Rumí, que se votó a última hora de ayer.

El PP había presentado una enmienda sobre la que no se alcanzó consenso con el grupo socialista.

Según ha explicado el portavoz adjunto del grupo popular, Rafael Hernando, los socialistas no quisieron aceptar dicha enmienda, que pedía a la Unión Europea un seguimiento exhaustivo del sector para evaluar las «presumibles pérdidas» derivadas del acuerdo con Marruecos, y a partir de ahí determinar las compensaciones.

Para Hernando, el PSOE mostró una postura «absolutamente intransigente», lo que ha atribuido a «su obsesión por lavar su mala conciencia como responsable del tratado», que se negoció en 2010 durante el anterior Gobierno socialista, según recordó.

En opinión del parlamentario del PP, pretender que el Gobierno vaya a Bruselas a pedir un fondo de compensaciones cuando el acuerdo aún no ha entrado en vigor ni se conoce su impacto es «una temeridad y una irresponsabilidad».

Desde el grupo socialista se ha criticado, a través de un comunicado, «el doble fracaso» del Ejecutivo del PP «después de que no realizara ninguna gestión para mejorar el contenido del acuerdo y, posteriormente, para obtener contrapartidas».

Rumí ha subrayado «la existencia de daños colaterales que pueden derivarse de la aplicación de este acuerdo si, en paralelo, no tomamos medidas complementarias».

Además del citado fondo, la proposición socialista también reclamaba «un sistema para la correcta aplicación de los contingentes y de los controles que garanticen que las cantidades de los mismos no son, en ningún caso, rebasadas».

La iniciativa instaba asimismo al Gobierno a ayudar a los productores españoles con inversiones para mejorar la competitividad mediante la modernización y ampliación de las instalaciones.

También abogaba por la promoción de actuaciones de I+D+i y el establecimiento de medidas específicas para los sectores afectados.

Entre otras, la rebaja de las tarifas eléctricas, el gasóleo bonificado y medidas fiscales.