La gravísima situación sanitaria que atraviesa España y el resto de países europeos en esta tercera ola de la pandemia del covid-19, con un alarmante avance del número de contagios, está siendo objeto de enorme preocupación por las autoridades comunitarias por el riesgo de propagación dentro del territorio de la Unión como consecuencia de la libertad de movimiento de personas existentes entre los países europeos, lo que podría ser objeto de restricción sobre todo en los países con una mayor índice de contagios, con el fin de contener el avance de la pandemia.
En este sentido, en el Consejo Europeo de Presidentes de Gobierno celebrado el pasado jueves, acordó establecer una nueva categoría geográfica de riesgo sanitario, denominada «rojo oscuro» en el mapa que elabora el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) vinculado a la propagación del covid-19, lo que implicaría para dichas áreas geográficas nuevas restricciones a la circulación de personas.
De hecho, el Centro Europeo de Control de Enfermedades ha publicado un nuevo análisis de riesgo en el que destaca la probabilidad “muy alta” de que nuevas variantes preocupantes entren y se propaguen en el espacio de la Unión Europea, entre otras la variante inglesa, que ya se ha identificado en 20 Estados miembros (todos excepto la República Checa, Estonia, Lituania, Polonia, Croacia, Eslovenia y Bulgaria).
En este contexto, los líderes de la UE decidieron endurecer las restricciones a los viajes no esenciales, especialmente a áreas donde el virus ha estado circulando más que en otros lugares.
A tal fin, este lunes 25 de Enero se presentará una propuesta de calificación geográfica sanitaria a tal efecto en una reunión del IPCR, el Foro de Gestión de Crisis de la UE, lo que afectará tanto a la movilidad interna de los ciudadanos europeos como también a las personas que procedan de Estados no miembros para viajes esenciales, los cuales también deberán someterse a pruebas antes de la salida.
En este sentido, ante los altos índices de contagio que en la actualidad se registran en España, es uno de los países candidatos a recibir dicha calificación negativa, lo que a juicio de FENADISMER podría afectar negativamente a la actividad que realizan los transportistas españoles que se decían la transporte internacional, a los que se les podría exigir la acreditación de pruebas negativas de covid u otras medidas sanitarias
