Ciolos ha escuchado la posición de las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA; de Cooperativas Agro-alimentarias; y de las patronales hortofrutícola y de la alimentación y bebidas, Fepex y FIAB, respectivamente, en general muy críticas con la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) de la Comisión Europea.
La caída de rentas, el «dumping social» y falta de reciprocidad de importaciones como las marroquíes, los abusos de la cadena de valor, el posible final de las cuotas de azúcar, leche o vino, la falta de mecanismos de regulación y gestión de crisis de mercado o la burocracia de la PAC, centraron las preocupaciones agrarias.
El director de la Representación de la Comisión Europea (CE) en España, Francisco Fonseca, ha calificado la reunión de «muy productiva y no tensa».
Ciolos quiere «oír los intereses, a veces contradictorios de diferentes sectores» europeos, ha precisado Fonseca, quien ha matizado que el comisario «vendrá más veces a España», posiblemente hasta en dos ocasiones de aquí al verano.
Ha recordado que la reforma de la PAC se plantea en un contexto presupuestario «muy difícil» y «la batalla no está ganada», puesto que hay siete países que quieren reducir el nivel de subvenciones.
La PAC plantea retos no sólo en política agraria sino también en materia de normas de competencia, formación, innovación, tecnología o equilibrio de la cadena alimentaria, ha subrayado Fonseca.
También ha querido desterrar la idea de que la Comisión favorece a la agricultura continental y, de hecho, ha anunciado que el comisario, de origen rumano, ha convocado en breve una reunión exclusiva con ministros que representan la agricultura mediterránea «para demostrar que no hay ningún sector que quiera darse de lado».
«No creo que haya una discriminación de la agricultura mediterránea», ha recalcado Fonseca, si bien ha puntualizado que «otra cuestión» es que se produce un «juego de fuerzas y poder» en la Unión Europea, de la que dependen los resultados.
No se puede lograr una política horizontal para 27 Estados que satisfaga a todos al cien por cien, ha puntualizado.
El director de Cooperativas Agro-alimentarias, Eduardo Baamonde, ha pedido mayor concreción en las propuestas legislativas de la Comisión, como las que hacen referencia a los mecanismos para concentrar la oferta o de gestión de crisis de mercados.
Desde Fepex, José María Pozancos, ha pedido que la nueva PAC acabe con la discriminación y distorsiones de mercado que provoca la existencia de productores hortofrutícolas con y sin ayudas PAC.
Defendió medidas ágiles de gestión de crisis, la reforma de precios de entrada de las hortalizas marroquíes, reciprocidad en las importaciones y rechazo al nuevo acuerdo de asociación con Rabat.
El director general de la patronal de alimentación y bebidas FIAB, Horacio González-Alemán, ha pedido que la nueva PAC fomente la competitividad, la vertebración de la cadena alimentaria, la innovación y la internacionalización en un contexto de creciente demanda de materias agrarias prevista para los próximos años.
El presidente de la organización agraria Asaja, Pedro Barato «ha puesto en cuarentena» que la PAC tendrá «un presupuesto fuerte» -tal y como afirma Ciolos- porque aún no está aprobado, aunque alaba la «sensatez» de la Comisión al defender que no se podrán establecer «las reglas de juego» o normas de la PAC hasta que haya una ficha financiera «cierta».
El secretario general de COAG, Miguel López, ha asegurado que Ciolos se muestra «escandalizado» por las críticas del sector agrario, pero se reafirma en que la propuesta de reforma «nos quiere expulsar del mercado europeo y por ahí no vamos a pasar», por lo que ha llegado a exigir incluso que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy intervenga y haga de la reforma «un problema de Estado».
Para el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, el comisario ha descargado en España futuras responsabilidades como el control en frontera de las importaciones, las hectáreas elegibles o con derecho a ayudas y cómo se repartirán o las subvenciones según cultivos o regionales, mientras que no aclaró otras cuestiones, como qué apoyo recibirán los ganaderos «sin base territorial» o sin tierras.
