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El PP pide a Bruselas que proteja a los agricultores de las practicas abusivas

La eurodiputada riojana ha explicado en el pleno del Parlamento Europeo, reunido en Estrasburgo (Francia) que muchos de los productores perciben apenas el 10 % del precio final que pagan los consumidores, cuando hace 50 años, recibían hasta un 50 %.

La eurodiputada del PP, Esther Herranz, ha exigido hoy a la Comisión Europea que adopte medidas para evitar la continua pérdida de renta de los agricultores por lo que denunció como «prácticas abusivas» de las compañías de distribución.

En el transcurso de estos 20 años, las cadenas de distribución han pasado de tener un 21,7% de cuota de mercado a un 70% en la actualidad, ha señalado el PP en un comunicado.

Herranz ha votado a favor de una resolución en la que se insta a la Comisión Europea a mejorar la transparencia de los precios de los insumos agrícolas y a garantizar la aplicación de las normas de competencia y su cumplimiento a lo largo de toda la cadena alimentaria.

En la resolución, se pide a las autoridades nacionales y europeas responsables de competencia que hagan frente a los abusos de la posición dominante de los distribuidores del sector agroalimentario, y que apliquen la legislación antimonopolio de la UE.

Según la eurodiputada es prioritario «adoptar medidas para que la cadena de distribución de los alimentos sea más equitativa y más justa» y para ello es necesario también mejorar las redes de seguridad establecidas en la Política Agrícola Común para asegurar unos precios adecuados.

«Habrá que dotarse de un marco comunitario que asegure relaciones de equilibrios y evite abusos, hay que tipificar y prohibir prácticas abusivas en esos márgenes comerciales y se debe concentrar la producción, fomentando la existencia de organizaciones de productores, agricultores y ganaderos».

Otro de los asuntos en los que ha insistido es en la necesaria garantía de condiciones iguales de competencia para todos los productores, con iguales oportunidades e iguales obligaciones, haciendo así referencia a los productores que están fuera de la Unión Europea y que no cumplen con los mismos estándares de calidad, medio ambiente, seguridad alimentaria y bienestar del ganado.

A su juicio, es ineludible favorecer «la mejora de la política comercial de la distribución para evitar el aumento constante de la especulación en los alimentos».