Así lo ha asegurado hoy en Sevilla la representante de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, Cristina Carrasco, quien ha participado en la jornada «Política Agraria Común 2014-2020: una reforma en la que España se la juega», organizada por Asaja-Sevilla en la capital hispalense.
Carrasco se quedó sola en su defensa de las iniciativas del comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, en un auditorio en el que han participado representantes de las Administraciones, del Parlamento Europeo y de los agricultores y ganaderos.
Para Carrasco, en unos momentos de restricción financiera, se ha conseguido «mantener» un presupuesto «bastante sano» para la agricultura, aunque «se reduce un poquito» en términos reales.
España tendrá flexibilidad, además, para transferir dinero entre los dos pilares de la Política Agraria Común (PAC), mantener ciertas ayudas vinculadas a la producción -dentro de unos límites- y elegir entre un reparto de fondos nacional o por regiones administrativas o agronómicas.
Recibirán apoyo especial en la futura PAC los jóvenes, los pequeños agricultores y las zonas desfavorecidas, se flexibilizarán los mecanismos para activar almacenamientos privados y se pondrá en marcha una «reserva de crisis» de 2.500 millones hasta 2020 para hacer frente a crisis como la del «E. coli».
Ha subrayado que el componente ecológico y medioambiental se pone «en el centro» del primer pilar de ayudas de la PAC, una política agraria que potenciará la innovación y la transferencia tecnológica.
La nueva PAC impondrá condiciones de «mínima actividad» en ciertas fincas para evitar que los «agricultores de sofá» accedan a las ayudas de la PAC y un techo de 300.000 euros por perceptor.
Se exigirá que los agricultores que quieran cobrar el pago básico a partir de 2014 hayan «activado al menos una hectárea» en 2011 para evitar la llegada de «cazaprimas», ha subrayado Carrasco.
Ha recordado que, además, los programas de desarrollo rural refuerzan los mecanismos contra volatilidad de precios, compensando hasta el 70 % las pérdidas de renta sufridas por los productores, si éstas bajan más de un 30 % de la media de los últimos cinco años.
Por su parte, el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, ha considerado «irrenunciable» que España mantenga su cheque agrícola de 5.200 millones de euros en pagos directos al año.
Para Puxeu, «hay margen de maniobra» y tiempo suficiente para lograr alianzas en Europa para obtener una mejor reforma.
En todo caso, ha destacado que se han aprobado los presupuestos comunitarios, con un crecimiento del 2 % hasta 56.000 millones de euros, «a pesar de los tiempos de incertidumbres», por lo que este escenario «debe generar tranquilidad».
El exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha criticado la enorme complejidad de la propuesta, que implica que habrá menos dinero para repartir entre 2.500.000 hectáreas más y que plantea un problema espectacular en la distribución interna de las ayudas, por lo que ha abogado por consensuar una estrategia nacional.
La consejera andaluza de Agricultura, Clara Aguilera, ha calificado de «injustas» las propuestas sobre tasa plana por hectárea, el «greening» -nuevos condicionantes ambientales- y los trasvases entre pilares de la PAC que plantea.
Andalucía recibe 1.600 millones en ayudas agrícolas al año, lo que supone entre el 20 y 40 % de las rentas del sector, ha afirmado.
El consejero de Agricultura de Baleares, Gabriel Company, ha puntualizado que la propuesta «lía más a los agricultores» al cambiar las normas, ofrece menos dinero y una nueva redistribución que puede dar lugar a «peleas» interterritoriales.
El miembro de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo (PPE), Gabriel Mato, ha asegurado que los presupuestos son «totalmente inadecuados» para cumplir con los objetivos de redistribución de ayudas entre viejos y nuevos perceptores de la Unión Europea (UW), plantea burocracia y «fuertes costes» añadidos para los productores.
Por su parte, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha denunciado que la Comisión plantea recortes de las ayudas entre el 11 y 13 %, pone «techos» en la percepción de ayudas, más condicionantes ambientales y «enredos» en las definiciones -como la del «agricultor activo»-, mientras que «se olvida» de sectores como el hortofrutícola y la ganadería.
