Los ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) aprobarán el lunes un conjunto de propuestas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y propiciar un reparto más justo de beneficios entre agricultores, industrias ó supermercados.
El Consejo de ministros dará el visto bueno a un documento, presentado por la presidencia española de turno de la UE, que incluye medidas para solucionar problemas en la fijación de los precios, como la especulación o los abusos de las cadenas de distribución.
El texto contiene ideas para «reequilibrar» la capacidad de negociación entre los sectores interesados en la cadena alimentaria, entre los cuales los agricultores y los consumidores suelen ser los eslabones más débiles, informaron hoy fuentes diplomáticas.
El Consejo de la UE apoyará un mayor esfuerzo en cinco ámbitos: la mejora de las «estructuras» agroalimentarias; un aumento de la transparencia y de la vigilancia de los precios; la lucha contra la competencia desleal; la promoción de la autorregulación y la integración de políticas agrícolas ó sobre la competencia.
La presidencia española de la UE ha impulsado el debate sobre los precios de los alimentos, siguiendo las propuestas que Bruselas hizo públicas a finales de 2009 en esa línea.
El gasto en alimentación supone el 16% del desembolso total de los hogares europeos y en las recientes crisis agrarias, como la del sector lácteo, han quedado de manifiesto las bajas remuneraciones que percibe el agricultor o ganadero, mientras que el consumidor final paga precios muy superiores por su comida.
El texto que aprobará el Consejo tiene una amplia mayoría de apoyos entre los 27 países comunitarios, pero quedan por consensuar algunos puntos ante las reticencias de estados más liberales como Suecia, el Reino Unido o Dinamarca.
Entre los apartados pendientes de acuerdo figuran los referentes a contratos estandarizados y a la posibilidad de que algunos países los hagan obligatorios; también hay objeciones sobre la parte que relaciona la Política Agrícola Común (PAC) con las leyes sobre competencia.
Otro aspecto en el que hay algunas reticencias es el relativo al refuerzo de las cooperativas y organizaciones de productores, pues algunos países quieren una redacción menos rotunda.