El contrato ley entre el Estado panameño y Del Monte, que permitirá a la trasnacional estadounidense invertir más de 100 millones de dólares en la reactivación de zonas bananeras en las provincias occidentales de Chiriquí y Bocas del Toro, fue sancionado el pasado 25 de mayo por el presidente del país, Juan Carlos Varela.
La desaparición de la industria bananera sumió en graves problemas económicos y sociales a Chiriquí, que en el siglo pasado llegó a convertir el banano en el producto estrella del país con exportaciones de hasta más de 1 millón de cajas anuales y 11.000 trabajadores en su momento de mayor apogeo.
El Gobierno panameño ha dicho que la inversión de Banapiña Panamá S.A., la subsidiaria de Del Monte, generará más de 3.100 empleos directos y 12.000 indirectos con impacto en los distritos de Barú y Alanje, en Chiriquí, y en el de Chiriquí Grande, en Bocas del Toro. La proyección es que haya «una producción de 900 hectáreas por año, con una productividad anual de promedio de 2.275 cajas de banano por hectárea», de acuerdo a la información gubernamental.
