Pues bien, en su respuesta el ejecutivo comunitario incurre en contradicciones que el CGC -la asociación que aglutina a los principales operadores de cítricos privados de España- considera «evidentes». Efectivamente, el comisario europeo de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis -quien suscribe formalmente la aclaración a la parlamentaria- recuerda que en 2011 se realizó una auditoría europea que «comprobó que dichas inspecciones (a las importaciones de frutas de países terceros) las realizaban entidades administrativas independientes» y que, entre ellas -como denunció el CGC- «se incluye el organismo privado de control de calidad Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)».
Acto seguido y pese a que KCB fue creada y sigue controlada por los propios operadores hortofrutícolas holandeses, el comisario recuerda que con arreglo a la regulación comunitaria, los importadores «no tienen potestad» para llevar a cabo tales controles porque tienen «intereses particulares en el resultado» (sic).
La acción de control de la también vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo se produjo después de que el CGC diera a conocer y entregara a la eurodiputada un dossier con pruebas documentales claves para entender cómo los cítricos sudafricanos reducen los posibles rechazos de los controles fitosanitarios que la UE impone en los puertos para evitar la entrada de plagas y enfermedades de cuarentena.
Del estudio de tales papeles se desprendía la disparidad evidente en el rigor e incluso independencia de la inspección entre Holanda y España. Efectivamente, según datos de la propia Citrus Growers Asociation of Southern Africa (CGA) referidos a la campaña de importación de 2014, la inspección holandesa demostró ser 24 veces más ineficaz en la detección del patógeno Gignardia Citricarpa (el temido hongo que provoca la ‘mancha negra de los cítricos’) que la española.
