«Nuestros agricultores merecen un Gobierno que trabaje por sus intereses y que les dé poder para hacer el duro trabajo que tanto aman hacer», dijo Trump.
La orden establece un grupo de trabajo liderado por el recién confirmado secretario de Agricultura de EEUU, Sonny Perdue, que tendrá un plazo de 180 días para «identificar cambios legislativos, regulatorios y políticos» en el sector agrícola nacional. «Van a identificar y eliminar regulaciones innecesarias que dañan a los agricultores y las comunidades rurales del país», prometió Trump.
El decreto precisa que está en el interés nacional «asegurarse de que las cargas regulatorias no suponen una molestia innecesaria para la producción agrícola, ni dañan a las comunidades rurales, ni constriñen el crecimiento económico o la creación de empleo, ni aumentan el coste de los alimentos».
