La organización agraria ha analizado el Real Decreto-ley 2/2017 de 27 de enero, del Gobierno central por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por los últimos temporales.
En él se recogen las medidas para hacer frente al «fortísimo pedrisco» que se produjo el 6 y 7 de julio en los municipios de Don Benito, Villanueva de la Serena, La Haba, Villar de Rena, Valverde de Mérida, Miajadas, Campanario, Bienvenida, Solana de los Barros y Novelda, que también provocó «cuantiosos daños».
La Junta de Extremadura ha valorado en más de 10.000 las hectáreas dañadas, «con pérdida del 100 % de la cosecha en 5.198,34 hectáreas y pérdidas valoradas en más de 11.700.000 euros», así como «cuantiosas pérdidas de peonadas en el campo y de jornales en la industria», se señala.
Para el responsable de seguros agrarios en UPA-UCE Extremadura, Antonio Prieto, las ayudas contempladas en el Real Decreto son «claramente insuficientes» y ha exigido «una solución» para los agricultores que no tenían contratado el seguro.
