La nueva ley incorporará como principales novedades la creación de un Consejo Social con una mayor representación del sector agroalimentario, con la incorporación de representantes de las figuras públicas de calidad diferenciadas, miembros del Consell y agentes de la cadena alimentaria.
Recogerá nuevos fines, más acordes con las necesidades sociales y alineados con las políticas agrarias y alimentarias europeas, como el fortalecimiento de la base tecnológica del sector y una menor dependencia del exterior, una reducción del consumo de recursos naturales y de energía, el uso racional de los servicios de los ecosistemas, y una cooperación con las políticas de la Generalitat para mitigar y adaptarse al cambio climático.
Para este año el IVIA, cuyo presupuesto supera los 13 millones de euros, potencia los proyectos con mayor demanda y en la línea de reducción de costes económicos y de impactos medioambientales de la agricultura: producción de nuevo material vegetal, conservación y mejora animal, diagnóstico y prevención de plagas y enfermedades emergentes -especialmente Xylella y HLB-, sostenibilidad económica y medioambiental, y tratamientos post-cosecha de calidad diferenciada.
Asimismo, se potencian los objetivos transversales relacionados con la política de la Consejería, en particular con la agricultura, como son la adaptación al cambio climático, la medida de la huella hídrica y de carbono y la utilización de residuos urbanos y subproductos en agricultura.