En China, un país con una clara división entre el mundo urbano y el rural, las zonas campesinas están regidas por cooperativas, que son las propietarias de la tierra y también las encargadas de repartir los beneficios que se obtienen de ella.
El Consejo de Estado (Ejecutivo) y el Comité Central del Partido Comunista reconocen, en la directiva para esta reforma, que en el modelo actual "la propiedad de los activos no está clara, los ingresos operativos no están claros y la distribución no es abierta".
Con la reforma propuesta, dijo el ministro de Agricultura, Pekín busca "promover la reforma de los activos operativos con un sistema de accionariado", de modo que se clarifique la asignación de las ganancias y se incentive el desarrollo del sector primario.
"Las relaciones de los derechos de propiedad colectiva estarán más claros, la economía colectiva rural irradiará una nueva vitalidad y los ingresos agrarios subirán con firmeza", defendió Han.
La reforma del sistema de derechos de la propiedad colectiva rural empezará por los denominados "activos operativos", entre los que se encuentran las empresas cooperativas, los edificios, la maquinaria y el equipamiento en posesión de las entidades comunales, y continuará en el futuro con las tierras y los servicios públicos.
El primer paso de esta reforma del sistema de la propiedad colectiva rural, detalló el ministro, será realizar un "inventario integral" de los activos en posesión de las cooperativas rurales y, a partir de esa base, se realizará el reparto de acciones.
El plan, que comienza a aplicarse en 2017, estará "básicamente completado" dentro de tres años y terminado del todo en cinco años, avanzó el ministro.
El nuevo modelo, indicó Han, busca adaptar el sistema de propiedad colectiva a los nuevos requisitos de la coyuntura económica para revitalizar la agricultura y "a la nueva tendencia de integración urbana-rural para evitar la pérdida de activos", además de "proteger los derechos y los intereses de los agricultores".
