Aún faltará que el pleno del Parlamento Europeo, reunido en Estrasburgo (Francia) en la semana del 12 de diciembre, lo respalde para que entre en vigor de manera provisional.
Ecuador firmó el pasado 11 de noviembre en Bruselas el protocolo para acceder a este tratado, con vistas a que se aplique desde el 1 de enero, a tiempo para dar el relevo al sistema de preferencias arancelarias (SGP+) que la UE concede a Ecuador y que vence el 31 de diciembre.
Los eurodiputados de la Comisión de Comercio Internacional argumentaron su decisión de respaldar la incorporación de Ecuador teniendo en cuenta que una situación en la que el país "ya no se beneficiara de su estatus SGP+ ni de un tratado comercial", podría "causar un impacto negativo en la economía ecuatoriana".
Los parlamentarios aseguraron además que considerado factores como la caída de los precios del petróleo en más de un 60 % en 2015 en Ecuador y la consecuente bajada en cerca de un 30 % de las exportaciones, así como los efectos del devastador terremoto de abril en el que murieron cerca de 700 personas.
Al mismo tiempo, destacaron que "el control, la evaluación y el seguimiento de los acuerdos existentes debe ser una prioridad clave" de la política comercial comunitaria, y recordaron que la Comisión Europea "tiene la obligación de informar al Parlamento Europeo sobre sus actividades" en ese contexto.
En particular, en lo que se refiere a "la implementación, control y seguimiento de este acuerdo, especialmente en lo que concierne a las obligaciones sobre desarrollo sostenible".
Una vez que se aplique plenamente el acuerdo, los exportadores de la UE se ahorrarán al menos 106 millones de euros en aranceles cada año y los ecuatorianos hasta 248 millones de euros en derechos suprimidos.
Las reducciones de los aranceles se pondrán en práctica de forma gradual durante diecisiete años: la UE liberalizará casi el 95 % de las líneas arancelarias en el momento de su entrada en vigor y Ecuador alrededor del 60 %.
Ecuador abandonó en 2009 las negociaciones que mantenía junto a Colombia y Perú con la UE, por considerar que los resultados no iban encaminados a favorecer el desarrollo del país, pero las reanudó en enero de 2014 para concluirlas finalmente en julio de ese año.
