El objetivo es promover un "salto cualitativo" del sector de la agricultura intensiva hacia una economía circular que reutiliza los subproductos en el propio cultivo o en ámbitos como el industrial o el ganadero, ha explicado en la rueda de prensa posterior el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez.
Las políticas diseñadas en esta materia facilitarán recursos del Programa de Desarrollo Rural y del marco de fondos europeos 2014-2020 con líneas de apoyo financiero y técnico para pasar del actual sistema de pocas y grandes instalaciones de tratamiento a otro basado en una red de plantas intermedias y puntos de recogida, con gestión independiente y facilidad para el transporte.
Entre otras medidas, se respaldará a los agricultores para la adquisición de equipamiento de triturado y autocompostaje en las propias explotaciones; la sustitución de la rafia plástica de los invernaderos por material biodegradable, y la reutilización de los restos para incorporar materia orgánica al suelo.
Las actuaciones, en colaboración con productores y gestores, también incluyen la agilización de trámites administrativos, la elaboración de una norma técnica reguladora del sistema de reutilización y el impulso a las actividades de investigación, formación, divulgación y transferencia de resultados.
Se plantea así, según ha explicado Vázquez, una solución integral basada en la colaboración público-privada que da una respuesta económica, ambiental y social a la gestión de los restos vegetales, poniendo a disposición de los agricultores y entidades gestoras una serie de ayudas para todo el proceso, desde la generación del residuo hasta su acopio, transporte y aprovechamiento.
La producción hortícola en invernadero implica el levantamiento de todo el cultivo al final de la campaña, con la consiguiente generación de restos vegetales, material que se compone básicamente de tallos, hojas, frutos que no se comercializan por razones de mercado y plantas completas que son arrancadas al terminar el ciclo.
El 70 por ciento se produce durante los meses de mayo y junio, con el fin de la cosecha de primavera, y en febrero al terminar la de otoño-invierno.
La actividad se concentra en Almería, con casi 30.000 hectáreas repartidas entre las comarcas del Campo de Dalías, Níjar, Bajo Andarax y Bajo Almanzora, y Granada, con unas 3.200 hectáreas entre la costa, las Alpujarras y Alhama.
En estas dos provincias se sitúan las ocho grandes plantas de tratamiento que funcionan actualmente en Andalucía, todas ellas de gestión privada.
Otras zonas destacadas son la Costa Noroeste de Cádiz, con 980 hectáreas; Vélez-Málaga (854), y la vega y la campiña sevillanas (471).
Las medidas presentadas en el Consejo de Gobierno forman parte en la Estrategia Andaluza de Bioeconomía, destinada a impulsar el aprovechamiento integral de restos y recursos de los sectores agroalimentario, pesquero y forestal, cuya tramitación se inició el pasado mes de julio.
